¿Será que lo que le está sucediendo a nuestra institucionalidad democrática es visto como un episodio histórico más, que se superará pronto y mediante medidas epidérmicas presentadas con impactantes montajes mediáticos?
Si es así, y Dios no lo quiera, es hora de dejar de mirar las cosas de esa manera y empezar a pensar en soluciones estructurales.
Después de la promulgación de la Constitución de 1991, lo que se ha hecho es desarticular la visión de Estado que se concibió. El sentimiento de indignación contra el centralismo, que existía en las regiones, dio lugar a que se consagrara el Estado unitario con descentralización y autonomía de las entidades territoriales.
La gente pedía más espacios para la participación, razón por la cual se llevaron a la Carta todos los principios y mecanismos propios de la democracia participativa. Se sentía que el bipartidismo estaba ahogando el régimen de libertades y, por ello, se abrió la puerta a la existencia de más organizaciones partidistas y movimientos ciudadanos. Muchos reclamaban por el desconocimiento de sus derechos, lo que condujo al reconocimiento de una amplia carta de ellos, que se acompañó con mecanismos como la tutela, entre otros, para hacerlos efectivos. Se respondió, también, a las exigencias en materia de justicia, independencia de la autoridad monetaria y otras materias.
En fin, lo que se hizo fue atender las demandas de los ciudadanos que habían madurado durante largos años. Desde entonces, el diseño constitucional, que tiene falencias, desde luego, pero que es una arquitectura basada en las exigencias de la gente, se está desguazando sin rumbo ni visión clara.
De lo que se ha tratado es de reformar lo existente, sin considerar los efectos dañinos sobre la naturaleza del Estado que nos dimos. ¡El Estatuto básico se ha desguazado!
Y hoy ¿qué vemos? Se dan pasos para darle vigencia, de nuevo, al inaceptable centralismo; las reglamentaciones han obstaculizado la participación; no se han dejado madurar instituciones del poder judicial; el Presidente anuncia órdenes de captura en los micrófonos; la Corte Constitucional resolvió legislar desbordando sus competencias; los jueces y magistrados son víctimas de la lujuria de los micrófonos; el Ejecutivo sigue cooptando al Legislativo y éste último confunde la solidez del Congreso con una solidaridad de cuerpo indebida y, como si fuera poco, se abre camino la teoría de la interpretación heterodoxa de la ley, que, en resumen, lo que significa es que los textos legales pueden decir lo que no dicen.
Lo que está ocurriendo con la justicia es motivo de gran preocupación, pero la verdad es que el virus está afectando la salud de todos los poderes. Por éstas y otras razones, lo que se necesita es un ajuste integral. Para hacerlo, sería conveniente integrar una comisión nacional de reajuste institucional, que, en cuatro meses, presente las bases de un proyecto que permita conseguir dicho ajuste.
Carlos Holmes Trujillo García
Excandidato a la Vicepresidencia de la República
carlosholmestrujillog@gmail.com