Carlos Holmes Trujillo García

La CPI, cada día más cerca

Carlos Holmes Trujillo García
POR:
Carlos Holmes Trujillo García
septiembre 03 de 2013
2013-09-03 02:28 a.m.
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Tengo el mayor respeto por la Corte Constitucional. De hecho, voté a favor de su creación, y con entusiasmo, cuando se tomó la decisión de darle vida en la asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Esperaba, por lo tanto, que su decisión respecto a la conformidad o no con la carta fundamental del marco para la paz, fuera vista por el máximo tribunal como la oportunidad de sentar doctrina sobre los límites reales de las concesiones jurídicas que pueden hacerse a los desmovilizados de grupos armados ilegales. Desafortunadamente, no fue eso lo que sucedió.

El contenido del boletín de prensa por medio del cual se anunció la declaratoria de exequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2012, da cuenta de ambigüedades que pueden tener consecuencias fácilmente previsibles.

En resumen, la Corte preceptuó que para alcanzar una paz estable y duradera, mecanismos como la selección y priorización de casos, al igual que la renuncia condicionada a la persecución penal y la suspensión condicional a la ejecución de la pena, son conformes a la Constitución.

Y buscó dejar a salvo su posición frente a las obligaciones internacionales del Estado, señalando al Congreso el deber de respetar los compromisos adquiridos en materia de investigación y juzgamiento de los autores de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma.

Habrá que esperar la providencia, pero lo que se conoce no permite entender que se declaren exequibles los mecanismos mencionados atrás cuando ellos violan, flagrantemente, el Estatuto de Roma, que hace parte del bloque de constitucionalidad.

Tampoco es comprensible que se considere ajustada a las normas de los instrumentos internacionales vigentes la aplicación especial de reglas de juzgamiento a los autores de los delitos más graves, como si fuera posible flexibilizar los mandatos de convenios internacionales obligatorios mediante decisiones de cortes nacionales.

Toda vez que este debate va a continuar, es necesario que los colombianos tengan claro que, con independencia de las decisiones de la Corte Constitucional, si no se respeta el Estatuto de Roma, integralmente, podría ejercer su competencia en Colombia la Corte Penal Internacional (CPI).

Y, con anuncios como los que se comentan en este escrito, no puede haber ninguna duda acerca de que dicha actuación está cada día más cerca.

Termino diciendo, con un propósito meramente ilustrativo, que un asunto es admisible en la CPI cuando el Estado respectivo no está dispuesto a actuar, cualquiera que sea la razón, o no puede hacerlo, o cuando haya tomado la decisión de no incoar acción penal contra el responsable.

Es bueno que todos estén advertidos.

Carlos Holmes Trujillo G.

Exministro y Exembajador

carlosholmestrujillog@gmail.com

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