Mensaje a la Corte Constitucional | Opinión | Portafolio
Carlos Holmes Trujillo García

Mensaje a la Corte Constitucional

Carlos Holmes Trujillo García
POR:
Carlos Holmes Trujillo García
julio 23 de 2013
2013-07-23 03:03 a.m.
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El pronunciamiento de nuestro más alto tribunal en materia constitucional, sobre el Marco Jurídico para la Paz, tendrá un gran impacto.

Las consecuencias de su contenido trascenderán el ámbito nacional y abarcarán el juicio que se haga en el exterior acerca del cumplimiento de las obligaciones que adquirió el Estado cuando se sucribió el Estatuto de Roma.

Y alejará o acercará al país a la posibilidad de que la Corte Penal Internacional asuma la competencia que se le reconoció, cuando las autoridades nacionales no investiguen y juzguen a los autores de los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.

De otro lado, dará lugar al nacimiento de un precedente de suma importancia en relación con la facultad del Congreso para reformar la Carta, y la obligatoriedad de acudir al referendo, si las enmiendas constitucionales se refieren a determinadas materias.

Miremos, por ahora, este último aspecto, que, muy seguramente, ocupará buena parte de la atención de los magistrados de la Corte.

La pregunta es: ¿bastaba que el Poder Legislativo aprobara el Marco Jurídico para la Paz o dicha reforma debió haber sido sometida a un mecanismo de participación popular?

El artículo 377 de la Constitución prescribe que deben someterse a referendo las “reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieren a los derechos reconocidos en el Capítulo I del Título II, y a sus garantías”.

A su turno, el Artículo 22, que inscribe la paz como un “derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, hace parte del capítulo y título mencionados.

De otro lado, el Artículo 29 consagra las garantías del debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, favorabilidad, controversia de las pruebas y derecho a la defensa.

El Marco para la Paz tiene un vínculo directo con el Artículo 22, en tanto incorpora a la Constitución conceptos y mecanismos nuevos para facilitar el logro de la paz, al igual que elementos que, de cierta manera, alteran algunas de las garantías contempladas en el Artículo 29.

No puede olvidarse que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le impute”, como tampoco puede hacerse caso omiso del pronunciamiento de la propia Corte, en el sentido de que “el derecho a la paz se halla estrechamente relacionado con el respeto efectivo de los demás derechos”.

En virtud de lo anterior, es posible afirmar que la reforma aprobada por el Congreso, que se conoce como el Marco para la Paz, debió haber sido sometida a referendo, por mandato de la misma Constitución.

Si bien son muchos los aspectos que serán materia del debate en la Corte y en los más variados escenarios públicos, el que aquí se trata debería ser considerado con carácter prioritario, toda vez que tiene que ver con el trámite de la reforma que se aprobó, equivocadamente, en mi opinión, para facilitar las conversaciones en La Habana.

Carlos Holmes Trujillo García

Exministro - Exembajador

carlosholmestrujillog@gmail.com

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