Carlos Holmes Trujillo García

La visita de la CPI

Carlos Holmes Trujillo García
Opinión
POR:
Carlos Holmes Trujillo García
abril 16 de 2013
2013-04-16 04:35 a.m.
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Que se encuentre en Colombia una delegación de la Corte penal Internacional (CPI) debe entenderse como un nuevo mensaje acerca de la obligación que tiene Colombia de respetar integralmente el Estatuto de Roma. Y eso implica que la justicia investigue y juzgue a los autores de los delitos contemplados en dicho instrumento. Si no lo hace, actuará la CPI.

Así de claras son las cosas hoy, habida cuenta de las obligaciones que el país aceptó asumir cuando se sumó a la lista de naciones que se comprometieron a aunar esfuerzos para combatir la impunidad.

Es natural que ahora se esté dando una gran discusión pública acerca del alcance de ese compromiso, a la luz de las conversaciones con las Farc en La Habana, los antecedentes en procesos que han tenido éxito en el pasado, y el hecho de que el mundo está, todavía, en un proceso de construcción del marco que permita hacer la paz sin sacrificar la justicia.

Tan cierto es lo anterior, que hemos asistido estos días a una controversia entre los señores Procurador y Fiscal, acerca del impacto del Convenio de Roma sobre la posibilidad de hacer concesiones jurídicas y políticas a los desmovilizados de las Farc. Y el debate va a continuar.

La presencia de los delegados de la CPI debe servir para hacer aún mayor claridad con respecto a los deberes que tiene la justicia nacional de cara a los autores de los delitos de genocidio de lesa humanidad, agresión y guerra. Ahora nos visitan, debido a que somos un país en observación. Esto significa que la Corte le está haciendo un seguimiento a la actuación de nuestras autoridades en la materia señalada, a fin de definir su paso siguiente.

La posición que tuvo el anterior fiscal de la Corte, el señor Moreno Ocampo, fue favorable a los esfuerzos hechos por Colombia, razón por la cual no consideró necesario actuar de oficio, como se lo autoriza el Estatuto de Roma, ni le fue solicitada la intervención por un Estado parte o el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Pero hay una nueva fiscal, oriunda de África, más actuaciones para escrutar y una reforma constitucional que introdujo en la Carta el Marco Jurídico para la Paz.

En relación con lo primero, debe tenerse en cuenta que existe cierta presión para diversificar regionalmente las investigaciones que adelanta la CPI, es decir, para desafricanizarlas.Respecto a lo segundo, está sobre el tapete el análisis de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Y, en cuanto a lo tercero, la Corte anunció recientemente que observaría la aplicación de la norma que se consagró en la Constitución con miras a las conversaciones en Cuba.

En las circunstancias actuales, no vacilo en afirmar que, solamente si se demuestran avances reales en la investigación y el juzgamiento de los autores de delitos contemplados en el Tratado de Roma, y no se comete el error de aceptar la impunidad para firmar algo en La Habana, será posible evitar que ejerza su jurisdicción en Colombia la Corte Penal Internacional.

Carlos Holmes Trujillo García

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