En Colombia tenemos ya claro que unas políticas monetaria y fiscal sanas son indispensables para el funcionamiento eficiente de una economía. Lo que no se reconoce de la misma manera es que una buena regulación es otra condición esencial para que la economía pueda desarrollar su potencial.
Necesitamos regulación en nuestras vidas para asegurarnos que las cosas funcionen bien: que los alimentos y los medicamentos sean seguros, que nuestra plata no se pierda en los bancos, que los carros no contaminen demasiado, entre otras. Pero el exceso de regulación puede ahogar la actividad empresarial; los cambios súbitos de reglas acaban con la confianza para invertir; las normas que favorecen injustamente a unos a costa de otros acaban con la credibilidad de las autoridades. Las regulaciones mal diseñadas generan enorme malestar entre la ciudadanía, deslegitimando la autoridad.
Toda regulación, por necesaria que parezca, genera costos a la economía –costos de cumplirla y costos de controlarla–, los cuales, en muchos casos, son proporcionalmente más altos para pequeñas y medianas empresas y para los ciudadanos más vulnerables.
Según la Ocde, que recoge la experiencia de muchos países, las reglas de oro que deben seguirse para hacer una buena regulación son tres:
1) Involucrar a todos los interesados –beneficiarios o dolientes–, y hacerlo en una etapa temprana, ojalá desde que se empieza a identificar el problema que es necesario regular. Este paso evita la captura de las autoridades o los legisladores por un grupo de interés. Asegura además que la norma sea realista y pueda ser cumplida por los regulados. Este proceso seguramente toma más tiempo, pero ahorra correcciones y demandas posteriores.
2) Hacer una evaluación lo más completa posible de distintas alternativas de intervención, incluyendo la posibilidad de no regular, usando una metodología denominada Análisis de Impacto Normativo (AIN). Esta evaluación antes de emitir la norma debería estimar el impacto que va a tener, con el fin de identificar efectos sobre otros sectores, dificultades para la implementación y la viabilidad de controlarla; y, sobretodo, asegurarse que los costos que tenga no sean mayores a los del problema que se busca resolver.
3) Hacer periódicamente una evaluación expost de la regulación. Esto evitará que se queden para siempre normas que funcionan mal o que ya no cumplen ningún propósito.
La Ocde aconseja establecer una entidad rectora de la regulación cuyo propósito es evaluar los AIN y asegurar la coherencia entre las distintas regulaciones en todos los niveles de la administración. Esto evitaría que se emitan, como sucede a veces, normas contradictorias. Aconseja también mejorar la gobernanza de las entidades regulatorias y las superintendencias, aumentando su independencia. También recomienda tener un registro centralizado de las normas y dice que estas deben ser lo más claras y sencillas posible.
“El exceso de regulación puede ahogar la actividad empresarial; los cambios súbitos de reglas acaban con la confianza para invertir, y las normas que favorecen injustamente a unos a costa de otros, acaban con la credibilidad de las autoridades.”
COMPARTIR EN TWITTERA raíz de la evaluación que nos hizo la Ocde, ya se ha puesto en marcha en Colombia un proceso de reforma de la política regulatoria. En primer lugar, el Conpes aprobó el documento de política de Mejora Normativa (No.3816 de 2014) que define la hoja de ruta para estas reformas. El Plan de Desarrollo también estableció directrices sobre este tema y ya se están dando pasos concretos:
- Se hizo obligatoria la realización de AIN para la emisión de Reglamentos Técnicos por parte del Ministerio de Comercio.
- Se conformó el Comité para la Mejora Normativa, integrado por la Presidencia, Planeación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual ya empezó a reunirse.
- Se está contratando una plataforma web para el Sistema Único de Consulta Pública (Sucop), en el cual se publicarán los proyectos de regulación de todo el Ejecutivo y se gestionarán los comentarios de los ciudadanos. La página web de la Presidencia tiene ahora una nueva forma clara y visible para publicar los decretos que están siendo estudiados en la Secretaría Jurídica.
- Está en marcha la elaboración de un decreto para obligar la publicación previa por 30 días, de cada nueva regulación del Ejecutivo. Hoy en día, según el Código de Procedimiento Administrativo, esto es potestativo y no tiene plazos definidos.
- Se está desarrollando un modelo para calcular el costo de la regulación en Colombia, el cual identificará los trámites y procesos que debe surtir un ciudadano o una empresa, y estimará sus costos.
- Se realizaron 4 pilotos de AIN en diferentes entidades, cuyos resultados serán insumo para que el DNP expida un manual para realizar este tipo de análisis.
- Se está fortaleciendo la participación ciudadana en la expedición de normas. Un ejemplo es la publicación por parte del DNP de borradores de documentos Conpes, algo que no se hacía anteriormente.
- Se está capacitando a través de la Esap a funcionarios en las entidades públicas sobre los principios y metodologías de mejora normativa.
Mejorar la calidad de la regulación es uno de los cambios inducidos por el acceso a la Ocde, que va a tener mayor impacto para el funcionamiento de la economía y para el bienestar de los ciudadanos. Este es un cambio que va a requerir no solo unos decretos, sino un cambio en la cultura de las entidades y de los ciudadanos. El mérito de esta administración, con el liderazgo de la Presidencia y el DNP y el apoyo de la Ocde, está en haberlo puesto en marcha.