Ahora que el presidente Duque optó por el esquema de la microgerencia en su gobierno, siguiendo muy de cerca el modelo del expresidente Uribe en sus ocho años en el poder, es fundamental analizar seriamente, los beneficios y costos que generó esa forma de manejar al país. Obviamente, quienes deberían hacer ya ese trabajo es el mismo Gobierno Central, y la señora Abudinen, encargada de las relaciones con las regiones.
Pero para tener una visión más objetiva, sería importante que entidades independientes le ofrecieran su visión objetiva a los que están a cargo de esta tarea para que, desde el principio, se tengan los elementos para hacer los cambios que se consideren necesarios.
Sin duda, los rendimientos inmediatos de esta forma de actuar del Gobierno Central son políticos. Un presidente y su equipo cercanos al pueblo, si es que este es en realidad el que asiste, inmediatamente produce un ambiente que la población puede juzgar como democrático. Pero ojo, si estos encuentros se llenan como parece, con funcionarios públicos, es un diálogo entre pares que solo se queda en la imagen populista de que el poder está con la base social. De no ser la comunidad, la verdad es que se convierten en reuniones descentralizadas del gabinete ministerial con funcionarios regionales. Algo se logra, al conocer unos ministros tan nuevos en el que hacer público, al escuchar dignatarios locales, pero eso es agua de otro cristal.
El tema de su verdadera importancia radica en dos elementos: primero, si se cumplen las promesas y, segundo, qué tipo de impacto tienen estos consejos sobre la institucionalidad nacional y las grandes políticas del Estado. Lo primero debe medirse de alguna manera, y es posible que pueda existir algún grado de cumplimiento sobre temas puntuales, sin duda. Pero lo que sí preocupa es cómo esta microgerencia puede afectar el diseño y desarrollo de las grandes estrategias y reformas que debe emprender un gobierno nacional.
Dos hechos sobre los cuales hay serios rumores tienen mucho que ver con estas dos preocupaciones. Se sabe que como resultado de la microgerencia, la situación que más sufrió fue la de la infraestructura. Obviamente, este tema requiere investigarse a fondo para definir su total veracidad. Por complacer las demandas micro de cada consejo, las vías terciarias fueron las que sufrieron las consecuencias al ser las más demandas por la población. Se afirma que se dispersaron recursos, que se hicieron vías inútiles, que se dejaron muchas a medio camino y no mejoró la intercomunicación dentro del país porque esta exige grandes obras de infraestructura que no se realizaron.
El segundo tema es también muy preocupante. Al responsabilizar al Departamento Nacional de Planeación de responder a las demandas locales, el entonces presidente Uribe desvió al DNP de su verdadera función que consiste, precisamente, en definir los lineamientos y lograr la coordinación de la macrogerencia dentro del Gobierno. Es muy romántico decir que la suma de lo micro en términos de decisiones del Estado, es lo ideal, pero en la práctica es una tarea imposible. Claramente, se tienen que escuchar las necesidades de la población y estos dos niveles no tienen que estar absolutamente desconectados. Pero si no existe para cada uno de ellos su propia institucionalidad, lo que la experiencia demuestra es que lo urgente, es decir quedar bien con los consejos, mata lo de mediano y largo plazo, que son las grandes políticas del gobierno.
Ocho años de gobierno comunitario son realmente una fuente invaluable de conocimiento, cuyo análisis serio le daría a la nueva administración elementos irreemplazable para ajustar este mecanismo de la micro-gerencia. Es decir, entender qué fue lo realmente positivo para conservarlo e incluso ampliarlo, y definir cuál sería la institucionalidad adecuada; pero también lo negativo, como el costo de mezclar la micro y la macro gerencia en el DNP, y definir la mejor forma posible de conectar estos dos niveles de estrategias gubernamentales.
Como apenas se inicia este gobierno es bueno dejar sobre la mesa una reflexión que puede ser muy útil. Muchos de los grandes males del país, propiciados por la forma de gobernar, obedecen a que en Colombia poco o nada se evalúa realmente, entre otras, porque a menos que se cometa un delito demasiado evidente, muchos funcionarios tercos, que insisten en estrategias equivocadas, jamás han tenido que pagar un costo por sus errores. Todo en este país se tapa especialmente cuando se trata de los más altos niveles de poder, tanto en el sector público como en el privado. Proteger a las élites, así sea a costo de la calidad de vida de la mayoría de los colombianos, es una especie de regla oculta que se respeta siempre, sin diferencia en el color político de cada funcionario o cada gobierno. Los liberales en este país de Frente Nacional tapan a los conservadores y los conservadores tapan a los liberales.
Sin embargo, como la fórmula ahora, quiérase o no, va a ser gobierno-oposición, es bueno empezar a evaluar lo bueno, lo malo y lo feo de muchas estrategias que se repiten sin beneficio de inventario. Eso no es espejo retrovisor, es ser serio en el papel de gobernantes.
Cecilia López Montaño
Exministra - Exsenadora