Da la impresión de que en Colombia, su gente y sobre todo quienes manejan este país, no aprenden. La historia del abuso de los empleados públicos se repite cada día como una constante, en la cual la excepción y no la regla son los funcionarios transparentes.
Sin embargo, no se vislumbran nuevos preceptos para que se pare este desangre de los presupuestos financiados con recursos del Estado. Es tan obvia la respuesta a esta crítica situación, que solo razones muy poderosas pueden frenar su denuncia. Se trata de lo que es la política en Colombia, de cómo se ejerce, de qué se espera de ella. Sin duda, esta perversión de la política le tiene que haber dado muchas cosas a sectores poderosos y representativos del país, porque si los perjudicara, ya se habría frenado. El problema es que quienes pagan esos costos son precisamente los que no tienen voz, y por ello nada cambia.
Se llega a hacer política como negocio. Este es un dogma que, por consiguiente, nadie discute, especialmente en el mundo de los negocios. Los que tienen vocación de servicio público se pueden contar con los dedos de la mano y con frecuencia solo llegan una vez al Senado o al Congreso, en general, y no repiten porque no pueden o porque se dieron cuenta de esas perversas reglas del juego con las que sí se puede avanzar en este mundo. La pregunta que se debe definir claramente es lo se entiende por política en esta sociedad colombiana, y una vez aclarada esta definición será obvio entender qué se espera de un político, esté donde esté: en puestos públicos en el Ejecutivo, en el Legislativo o en el Judicial.
Si la política es un negocio, lo que se debe hacer es maximizar utilidades, obviamente, personales y no las del país en general, y el inconveniente es que esto incluye familia, amigos y a quienes les dan sus votos para seguir en esta actividad tan lucrativa. Por eso es ingenuo pensar que políticos de carrera, cuando llegan a posiciones en las cuales quedan a su disposición grandes recursos y muchísimos puestos, tengan el propósito de hacer patria. Ese objetivo, si se logra es por casualidad, porque realmente no es ni su prioridad ni produce los réditos que se desean.
Si la meritocracia jugara un papel, como sí ha sucedido en otros momentos, la operación sería distinta. El nuevo funcionario que llega por su nivel de competencia, de inmediato le llueven apoyos políticos y todos los partidos se pelean la pertenencia del recientemente nombrado para aplicar la regla de siempre. Si el elegido no es un oportunista político, simplemente no se siente con la obligación de responder a los halagos de los políticos, ni a las canastas de flores e invitaciones, si es mujer. Claro, se tendrá que enfrentar a esta realidad política y no tiene sino dos caminos: o sucumbe a las peticiones de quienes ahora se creen sus dueños, a pesar de que no tuvieron nada que ver con su nombramiento y cae en el juego de siempre, con la desventaja de que cuando cometa un mínimo error nadie lo sale a defender y su permanencia es corta. Si no acepta las reglas del juego de la política, entra, de todas maneras, en condiciones muy débiles y también su futuro en ese escenario será muy corto.
Para responder a la inquietud de qué escándalo le seguirá al que hoy se vive con el Sena y, más grave aún, con la Secretaría General y con el Ministerio de Trabajo –que no puede con nada– solo es necesario mirar si hay algún alto funcionario que no sea cuota política de alguien. Como la respuesta es que casi ninguno de quienes hoy ocupan altas y decisivas posiciones llegaron por sus méritos, preparémonos para que esta cadena siga. Tal vez la excepción es María Lorena, que ha sobrevivido con éxito porque, gracias a sus innegables capacidades tiene todo el respaldo de Santos, sin intermediarios. Cuando ella se vio ante una prueba ácida, le renunció al presidente Santos, sin mediadores.
Como, por fin, los políticos están en el piso frente a la opinión pública, ojalá se sigan destapando todos los enredos que, con seguridad, abundan, a ver si se replantea lo que significa realmente hacer política y se acaba con los negociados con nuestros impuestos. Pero, para empezar, así como destituyeron a María Andrea Serna, también deben sacar al secretario de Palacio, Alfonso Prada, y hacer un mejor seguimiento a la Mintrabajo, que como ya se dijo, parece que nada le funciona.