César González Muñoz

Debates públicos, quién es quién

La almendra está en que el Gobierno decida si Angostura es ilegal o no. Muy pronto el Ministerio de

César González Muñoz
POR:
César González Muñoz
febrero 01 de 2011
2011-02-01 11:45 p.m.
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Hace un par de semanas acudí como invitado a un programa radial en vivo (Hora 20, Caracol); se habló de los costos de los servicios financieros en Colombia. Después del programa los cuatro invitados estuvimos de acuerdo en que habíamos tenido una conversación serena, en buen tono, ilustrativa. Las distintas perspectivas sobre el asunto pudieron llegar de manera ordenada a los oyentes. Sólo después supe que por lo menos dos de los contertulios tienen relaciones contractuales como miembros o asesores del Gobierno interno de instituciones financieras. Esa realidad no redujo necesariamente la calidad pedagógica de la conversación, pero los oyentes sí tienen el derecho de saber el alcance de los compromisos profesionales de los hablantes.
Es indispensable, en mi opinión, que quienes intervienen en los órganos de opinión revelen su conexión contractual directa con los procesos o entidades involucradas en el debate. Lo mismo vale para los columnistas de prensa y para quienes ofrecen declaraciones en los medios. Es claro que la gente experta en tal o cual cosa debe decir lo que sabe u opina, pero debe también revelar sus vínculos pertinentes. En el ambiente cultural abundan expertos que acompañan su sabiduría con compromisos que comprometen su libertad de criterio. Ello le hace daño a la cultura del debate y la deliberación. Abundan también los políticos profesionales, o en trance de serlo, que buscan réditos electorales torciéndole el pescuezo a la lógica o a la verdad.
En otro tema de interés público, la minería en ecosistemas protegidos, un comentarista debe aclarar si, por ejemplo, es miembro de una organización ambientalista, o si recibe o está buscando obtener emolumentos de una multinacional minera o de una campaña publicitaria a favor o en contra de algún proyecto minero en un páramo. El primer responsable de revelar sus intereses conexos es el propio comentarista.
Sobre el proyecto minero Angostura (oro y plata) en el páramo de Santurbán se ha agitado fuertemente el cotarro en los últimos meses. Desde mi condición de ciudadano de a pie, sin vínculo profesional conexo con el asunto, he aprendido que la pretensión de la compañía minera canadiense Greystar Resources es ilegal e inconveniente. Sé también que la manera como el Estado colombiano resuelva finalmente este conflicto ambiental va a producir un estado de cosas jurisprudencial que definirá el futuro de la industria minera en Colombia. Diversas notas de prensa en la revista virtual Razón Pública, PORTAFOLIO y muchos otros diarios y revistas, me han producido este convencimiento. Especialmente relevantes para mi información han sido las contribuciones de María Victoria Duque, Manuel Rodríguez Becerra, Guillermo Rudas Lleras, Orlando Beltrán, Andrés Hurtado García y Gonzalo Peña. Muchos otros expertos han metido baza útil en el tema.
A los argumentos ofrecidos contra Angostura por quienes conocen la ley, saben de medio ambiente y no tienen compromisos contractuales se le han sumado otros –de procedencia institucional clara y de origen opaco– que acusan a los opositores de ser enemigos de conceptos meritorios como el empleo, el desarrollo, el progreso, el crecimiento económico. En medio de todo se encuentra el propio Estado, cuyas vacilaciones frente a la aplicación de la ley originan graves incertidumbres en las comunidades y en los propios inversionistas. Ante lo que parece un proyecto ilegal, ¿Por qué las autoridades recibieron el Estudio de Impacto Ambiental de Angostura presentado por Greystar?
La almendra está en que el Gobierno decida si Angostura es ilegal o no. Muy pronto el Ministerio de Ambiente tendrá que pronunciarse. Sentará un precedente crucial, no sólo en minería, sino en el carácter del Estado como protector del patrimonio ambiental.
 

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