César González Muñoz

El nuevo derecho a la sostenibilidad

La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica se convertirían en derechos colectivos y en

César González Muñoz
POR:
César González Muñoz
diciembre 15 de 2010
2010-12-15 12:23 a.m.
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Existe notoria confusión periodística (y entre expertos) sobre las iniciativas que gestiona el Gobierno en el Congreso en materia de finanzas públicas. Varios medios de prensa y columnistas confunden el proyecto de Acto Legislativo “por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”, con el Proyecto de Ley No. 112 de 2010, Cámara, “por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones”.

El primero propone la reforma de tres artículos de la Constitución (334, 339 y 346); se introduce la sostenibilidad fiscal como un derecho colectivo y como un deber del Estado, “para lo cual todas sus ramas deberán colaborar armónicamente”. El alcance de los derechos sociales y económicos que la Constitución consagra deberá quedar acotado, según el texto constitucional que se propone, por las férulas de la sostenibilidad fiscal.

El segundo busca que el Congreso establezca reglas numéricas en las finanzas del gobierno central que obligan a determinadas decisiones en materia de gasto público. La principal regla numérica consiste en que el déficit fiscal estructural no podrá ser superior al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), después de tres años de transición. Aquí, déficit estructural significa déficit ajustado por los efectos de los ciclos económicos y de los ingresos públicos extraordinarios generados por los hidrocarburos y la minería.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo que produce el Ministerio de Hacienda definiría el total del llamado gasto estructural del Gobierno Nacional, coherente con el cumplimiento de la regla numérica. Se establecerá un gasto básico (“de supervivencia”) para cada una de las entidades públicas, y a partir de allí habrá reglas y condiciones para que dichas entidades concursen por los recursos públicos adicionales. Si, al contrario, el gasto estructural máximo fuera inferior al gasto básico, el Gobierno deberá gestionar una disminución de este. Como es usual en esta clase de normas, el proyecto propone determinadas cláusulas de escape, cuando por razones extraordinarias, la regla numérica no puede cumplirse.

Mediante este proyecto de la regla fiscal, el Gobierno expresa su intención de formalizar determinadas normas que, en todo caso, pertenecen a la ética pública, y convertirlas en obligaciones del Gobierno Nacional y del Congreso de la República.

Los dos proyectos son elementos de la misma visión doctrinaria. Mediante ellos se busca poner, en manos de los administradores de una regla más o menos automática, decisiones que hoy corresponden a los estamentos políticos de la nación y a la tutela de la Corte Constitucional.

La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica se convertirían en derechos colectivos y en reglas contables susceptibles de auditoría y control. La Regla no contempla sanción administrativa o penal para los responsables de algún incumplimiento. Las palabras “sanción” y “responsabilidad” están ausentes del proyecto.

El injusto y precario sistema de impuestos que sufre la sociedad colombiana ha quedado, hasta ahora, por fuera del debate de este binomio de normas. No obstante, las iniciativas podrían producir coletazos inesperados en materia de impuestos: La ciudadanía podría denunciar que se quiere proteger su nuevo derecho formal a la sostenibilidad fiscal mediante el sacrificio de otros derechos sociales, por causa de una injusta estructura tributaria que reduce el recaudo y que favorece a sectores minoritarios y exorbitantemente privilegiados de la comunidad. Por esta vía circunvalar, la gente en Colombia finalmente podría movilizarse y pedir la protección de los jueces para enfrentar las agresiones infligidas por el régimen tributario colombiano, que es contrario al interés público. Sería bueno.

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