Por contradictorio que suene, el proyecto de reforma al régimen de impuestos, que el Gobierno ha prometido desde hace meses, acaba de tener un tropezón antes de dar el primer paso.

La razón no es otra que la filtración de un borrador que contiene cerca de un 60 por ciento de los artículos que compondrían el nuevo código tributario.

Como consecuencia, la que es de por sí una discusión difícil se convirtió en una polémica desordenada, hecha con información parcial y sin que el Ejecutivo pueda exponer sus opiniones.

En principio, nada de eso debería haber sucedido. Desde cuando comenzaron las discusiones técnicas, los funcionarios del Ministerio de Hacienda que han participado en el proceso firmaron un acuerdo de confidencialidad. Adicionalmente, los documentos fueron celosamente guardados y la transmisión de información electrónica limitada, con el objeto de que no se presentaran filtraciones.

Haber tomado tantas precauciones, evidentemente, no funcionó. Debido a ello, se rompió una de las máximas del mundo de las comunicaciones estratégicas, según la cual la información debe entregarse de forma completa y clara.

Y como no existe un articulado completo, es imposible desvirtuar las afirmaciones hechas, ante lo cual la batalla por sacar adelante la propuesta comenzó con una derrota.

Para decirlo con toda claridad, hoy por hoy, la inmensa mayoría de los colombianos considera que la Casa de Nariño no solo incumplió la promesa de no elevar los impuestos, sino que, adicionalmente, la carga les va a caer a los más pobres, ante la posibilidad de que varios artículos de la canasta familiar sean sujetos al IVA.

Bajo ese punto de vista, la promesa presidencial de que los ricos “van a chillar” no se ve tan contundente.

Como si lo anterior fuera poco, cada día crece el grupo de congresistas que asegura oponerse a la idea, sin que el texto definitivo haya sido radicado en el Capitolio.

Aunque el Ministro de Hacienda ha tratado de ponerle el pecho al viento, la verdad es que tiene las manos atadas y una mordaza de facto, hasta que no exista una versión oficial completa.

Ante lo sucedido, no hay alternativa diferente a la de controlar el daño ya hecho. En términos prácticos, ello implica destapar las cartas cuanto antes para que el debate comience y el Gobierno pueda exponer sus argumentos, frente al público en general y en el Senado y la Cámara.

Si bien la Dian ha sido partidaria del ‘andar lento, pero seguro’, le llegó la hora de apretar la marcha para que en pocos días la reforma se divulgue.

Solo en ese momento será posible contar con análisis fundamentados y realizar debates constructivos sobre temas de fondo. De lo contrario, existe el peligro de que los sectores que prefieren mantener las prebendas actuales acumulen tanta munición, que cuando el proyecto nazca en la próxima legislatura sea fácil derribarlo de uno o varios perdigonazos.

Condenar a un entierro de tercera el propósito de darle a Colombia unas reglas de juego modernas en materia tributaria sería lamentable por muchas razones.

Para comenzar, es indudable que la estructura actual es inequitativa, lo que hace que las cargas estén mal distribuidas. Debido a ello, personas o sociedades con niveles similares de ingreso tienen tarifas efectivas diferentes, al tiempo que millones de asalariados contribuyen mucho más de lo que les corresponde. Por otra parte, hay que simplificar el régimen del IVA y cerrar una enorme cantidad de boquetes que se han abierto por cuenta de la interpretación de un inciso mal redactado.

No obstante, antes de entrar en detalles, en lo que hay que insistir es en que el costo de no hacer bien la tarea o dejar las cosas como están, tendría que ser asumido por todos los colombianos.

Por tal razón, y a pesar del descalabro de esta semana, hay que terminar la labor para que sea el Congreso y no la picota pública el que decida si vale la pena o no aprobar la reforma tributaria.