Noticias en el mismo sentido han salido tantas veces en las últimas semanas, que la de ayer apenas mereció un pequeño titular. En esta oportunidad, el Ministerio de Hacienda informaba de un nuevo hito en materia del manejo de la deuda pública: la colocación de un paquete de 100.000 millones de pesos en bonos del Tesoro (TES) a 10 años de plazo a una tasa inferior al 5 por ciento anual.
Para la mayoría del público, el asunto puede parecer indiferente. Sin embargo, para los especialistas en el tema, la operación mencionada confirma el profundo cambio que ha experimentado la economía colombiana en los últimos años.
Si bien las comparaciones son odiosas, dichas tasas son sustancialmente más bajas que las que hoy les exigen los mercados a España o Italia. Aparte de ello, no está de más recordar que a comienzos del siglo la Nación llegó a pagar intereses del orden del 15 por ciento anual, cuando su situación fiscal era mucho más difícil y el mundo miraba con temor la suerte de América Latina. Incluso, hace apenas cinco meses se hicieron colocaciones similares al 6,3 por ciento anual.
Disminuir el costo de tales recursos genera ahorros inmensos. Basta tener en cuenta que según el Plan Financiero del 2013 el Gobierno habló de colocar 30 billones de pesos en TES. De tal manera, por cada punto porcentual menos que se pague en promedio, las economías equivalen a 300.000 millones de pesos al año.
Lo anterior no considera que también en el exterior la deuda colombiana se cotiza a mínimos históricos. Parte de los 1.600 millones de dólares en títulos ya adquiridos por los inversionistas foráneos tienen una rentabilidad apenas superior al 2,5 por ciento anual.
La causa de ese desplome en los costos de financiamiento es, ante todo, la percepción de que Colombia es un deudor sólido, cuyos márgenes de riesgo tienden a la baja. Es cierto que en otros países de América Latina se han visto operaciones similares por las mismas razones, pero en el caso nuestro el recorte es particularmente notorio. Como si eso fuera poco, se ha vuelto costumbre que se demanden montos que superan entre tres y seis veces la cantidad ofrecida, lo cual hace pensar que el apetito de los inversionistas no se ha saciado.
Tampoco se puede desconocer el efecto que ha tenido la aprobación de la reforma tributaria en diciembre pasado, en la cual se disminuyó el impuesto que se le aplicaba a los rendimientos financieros que se giran fuera del país. El cambio ha ayudado a que los diferenciales sean menores, aunque no faltan quienes advierten sobre la posibilidad de que crezca el monto de los capitales que llegan.
Tales realidades dan para pensar que el país puede recortar de manera estructural lo que paga por servicio de la deuda, en la medida en que pueda aprovechar las condiciones propicias que hoy existen. Los ahorros que se hagan van a servir para reducir todavía más el saldo en rojo de las finanzas públicas o eventualmente apoyar nuevos programas de gasto.
Y las buenas noticias no terminan ahí. De la mano en el recorte de los intereses que pagan los TES, también han caído los rendimientos de los bonos que emite el sector privado. En el caso de aquellos que reconocen el alza de la inflación se han hecho operaciones a tasas inferiores al 3 por ciento, más lo que crezca el Índice de Precios al Consumidor. Por su parte, en los de rentabilidad fija, el nivel ha sido inferior al 6 por ciento anual.
Un recorte de esa magnitud le permite al sector privado ahorrar sumas considerables o apalancar con más facilidad proyectos de expansión o eventuales adquisiciones. Ahora solo falta que tales beneficios les acaben llegando a los consumidores, ya sea mediante una baja generalizada en los intereses o en los artículos que compran. Debido a ello es posible afirmar que este es un tema en el que los beneficios se acaban sintiendo por todos.