Hay advertencias que vale la pena tomar en serio, y las que hacen los gremios que agrupan a los transportadores en Colombia, entran en esa categoría. Las experiencias de los últimos tiempos dejan en claro que existen sectores radicales dentro de la actividad, los cuales consideran que solamente mediante las vías de hecho se logran concesiones por parte del Gobierno.
Así quedó demostrado a mediados del año pasado, cuando un paro de actividades ocasionó graves trastornos a lo largo y ancho del país. Aunque solo una proporción minoritaria de los camioneros estaba de acuerdo con la suspensión de actividades, los ataques en contra de quienes se atrevieron a transitar por las carreteras y la permanente intimidación a través de mensajes indirectos y redes sociales, desembocaron en que el tráfico, en diferentes zonas, disminuyera de manera notoria.
La respuesta consistió en organizar caravanas con el acompañamiento de la Policía, que evitaron que en las principales ciudades cundiera el desabastecimiento. A pesar de ello, los estragos sobre la actividad económica acabaron siendo inmensos. El ritmo de crecimiento que traía el país, se redujo casi a la mitad en el segundo semestre del año pasado, pues fábricas o exportadores se vieron imposibilitados para cumplir sus compromisos.
Como si lo anterior fuera poco, los consumidores pagaron una onerosa cuenta. En julio del 2016 la inflación anualizada bordeó el 9 por ciento, obligando al Banco de la República a mantener alta su tasa de interés, una política que impactó el comportamiento de la demanda interna. Centenares de miles de personas perdieron ingresos de manera permanente, comenzando por los propios conductores que no devengaron salario durante un mes y medio.
Es obligatorio enviar el mensaje de que el chantaje no es un camino aceptable, algo muy distinto a mantener abierto el diálogo.
COMPARTIR EN TWITTEREn último término, la situación se resolvió sin que los promotores de la protesta lograran su cometido principal, reinstituir de una forma u otra un sistema que elevara los fletes, el mismo que se desmontó en el 2011. Sin embargo, el daño estaba hecho y las heridas que se abrieron fueron profundas.
Por tal razón, se podría decir que las diferencias quedaron aplazadas, no solucionadas. Ello hace pensar que las tensiones seguirán siendo la constante. Las cosas se complican, además, cuando a la ecuación se le agrega el comienzo de la temporada electoral y la relativa debilidad de la administración Santos, que, para algunos, eleva las tentaciones de pescar en río revuelto.
Desde el punto de vista formal, las diferencias están relacionadas con las medidas adoptadas para controlar el exceso de oferta actual, acentuado por la desaceleración económica y la baja en la producción de petróleo. Distintas mediciones sugieren que hay mayor capacidad de carga de la que se necesita, algo que se ha tratado de solucionar a través de restricciones a la entrada de equipo nuevo mediante mecanismos como la chatarrización.
Lamentablemente, tales controles dieron pie a prácticas corruptas que desembocaron en propietarios de buena fe que no poseen realmente sus papeles en regla. Eso alarga la lista de los problemas pendientes de solución, lo cual se complica con la presencia de interlocutores cuyos intereses no coinciden.
Ante tan compleja realidad, al Ministerio de Transporte no le queda una salida diferente a la de mantener abiertos los canales de diálogo. Sobra decir que la prioridad debe ser la de atacar la ilegalidad y tratar de buscar soluciones para que el sector se modernice, algo que comprende un parque automotor en el que hay indicios de obsolescencia.
Y al tiempo que se adoptan medidas con el fin de incrementar la competitividad de los transportadores, es obligatorio enviar el mensaje de que el chantaje no es un camino aceptable. Si algo se aprendió del episodio de hace siete meses es que los bloqueos dejan pérdidas irreparables que, en las actuales circunstancias del país, no se pueden volver a repetir.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto