No hay un flagelo que inquiete tanto a las sociedades pobres como a las ricas, en cualquier latitud. Los sondeos hechos en diversos puntos del globo señalan que la corrupción encabeza las preocupaciones de los ciudadanos, superando a la seguridad, el medioambiente o los asuntos relacionados con la economía. Basta con examinar el cubrimiento mediático de los llamados ‘papeles de Panamá’ para concluir que la opinión está atenta a lo que pasa en este frente.
Quizás por ello el primer ministro británico, David Cameron, organizó para hoy en Londres una cumbre que no tiene precedentes, y cuyo propósito es inspirar un esfuerzo global encaminado a eliminar este azote. Según un comunicado expedido por Downing Street, la idea es que los presentes en la reunión, programada en Lancaster House, se comprometan con acciones concretas para poner la venalidad en retirada.
Ojalá sea así. Un documento dado a conocer este miércoles por el Fondo Monetario Internacional muestra las consecuencias indeseables que acarrea este delito avaluado entre 1,5 y 2 billones de dólares anuales, es decir, hasta un dos por ciento del Producto Interno Bruto mundial.
El punto central del estudio es que la corrupción empobrece. En primer lugar, esta debilita la capacidad estatal de recaudar impuestos y cumplir con las obligaciones gubernamentales. Cuando la gente cree que lo que le paga al fisco acaba en los bolsillos de alguien, tendrá una justificación para evadir, afectando tanto el gasto como la inversión pública.
Y no solo eso. Una cadena de coimas encarece la provisión de bienes y servicios que recibe la gente. Si de cada partida debe salir una tajada para ser distribuida entre funcionarios venales, la plata alcanzará para hacer menos cosas.
Adicionalmente, la corrupción tiende a debilitar la capacidad regulatoria del Ejecutivo y la efectividad de la justicia. Así mismo, esta plaga golpea el ánimo empresarial, pues más de uno se ve derrotado en su propósito de sacar adelante un negocio si debe cancelar ‘peajes’ aquí y allá. No menos llamativo es que el fenómeno limita el acceso al sector financiero y aumenta la preferencia por el efectivo a la hora de hacer transacciones.
En consecuencia, el FMI recomienda acudir a la transparencia, fortalecer la justicia, eliminar las regulaciones excesivas y contar con un marco legal claro, que no esté sujeto a interpretaciones. El organismo advierte que, en cualquier caso, la estrategia solo será exitosa si se cuenta con un cuerpo de servidores públicos profesionales, que sean independientes del sector privado y no se vean expuestos a la interferencia política.
Poner en práctica esa fórmula es una tarea titánica. Limpiar la administración pública obliga a hacer reformas profundas mediante cambios en las normas, la cultura o en la manera en que funciona la democracia.
Al respecto, Colombia no se ha quedado quieta. Juan Manuel Santos, quien presidirá una de las sesiones de la cumbre de hoy, planea presentar lo hecho por su Gobierno, lo que incluye la expedición de un nuevo estatuto anticorrupción y la creación de una entidad que centraliza ciertas compras estatales, entre otras medidas.
Lamentablemente, eso no ha cambiado la percepción sobre la venalidad en el país. El más reciente Gallup Poll muestra que el 85 por ciento de los encuestados considera que la corrupción está empeorando, mientras que solo 5 por ciento ve progresos en este frente. Bajo esa perspectiva, no queda otra opción que la de redoblar esfuerzos.
Y tampoco se puede olvidar que este es un crimen transnacional. Los paraísos fiscales y las regulaciones laxas permiten que el dinero obtenido ilegalmente en un lado se deposite en el otro. Es de esperar que Gran Bretaña, que ha sido criticada en el pasado por servir de refugio para capitales mal habidos, dé ejemplo al cerrarles la puerta a prácticas que les hacen fácil la vida a los corruptos.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto
Editorial
Un delito lleno de aristas
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