No ha pasado desapercibido entre quienes tienen interés en los asuntos del campo un fallo de la Corte Constitucional que involucra a la tristemente célebre hacienda Bellacruz, originalmente compuesta por predios ubicados en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, al sur del departamento del Cesar. La propiedad, hoy desaparecida, saltó a la palestra hace más de un cuarto de siglo cuando fue escenario de conflictos entre la familia que se declaraba propietaria y colonos de la zona, los cuales acabarían siendo desplazados por paramilitares en el área, unos años después.
Sin entrar en los detalles del litigio, el Alto Tribunal le dio validez a una acción de tutela presentada por la asociación Asocol, en el sentido de revivir varias resoluciones –posteriormente reversadas– del hoy liquidado Incoder, las cuales declaraban que parte del terreno estaba constituido por baldíos. Entre las órdenes dadas al director de la nueva Agencia Nacional de Tierras, la Corte mencionó “iniciar el proceso de división material y posterior ocupación de los bienes”.
Hasta ahí todo suena relativamente sencillo. No obstante, en la práctica hay complicaciones que pasan por parcelar un lote de 1.178 hectáreas, el cual forma parte de un cultivo de palma que genera unos 800 empleos entre directos e indirectos y cuyo desarrollo –incluyendo la construcción de una planta extractora– le ha traído prosperidad a familias que habitan en las poblaciones mencionadas. Los inversionistas actuales adquirieron las propiedades en el 2008 y han invertido cerca de 100 millones de dólares en un proyecto que planeaba seguir su expansión hasta el 2019.
En su momento, los compradores hicieron la debida diligencia jurídica, recibiendo la luz verde de abogados de primera línea, los cuales conceptuaron que no había problemas con los títulos de propiedad registrados. Una opinión similar provino de los profesionales de la entidad bancaria que financió parte de los emprendimientos hechos. No obstante, ahora esos inversionistas han quedado en el aire, así se les reconozca que actuaron de buena fe.
Un aparte del salvamento de voto del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez deja ver un aspecto preocupante de estos procesos de reparación: el respeto por el ordenamiento jurídico. Puesto de otra manera, el preocupante mensaje es que seguir las reglas de juego en Colombia no necesariamente garantiza la seguridad de ciertas operaciones.
En efecto, el pronunciamiento trae a colación dos puntos clave. El primero, que en este caso la Corte, a través de la tutela, reemplaza trámites administrativos y judiciales expresamente previstos para resolver este tipo de controversias; y el segundo, que el análisis no se hizo desde una perspectiva completa que permitiera abordar todos los elementos jurídicos de la discusión.
Dicho de otra manera, así sea correcto proteger a la población desplazada o vulnerable, el tribunal genera un ambiente de incertidumbre entre los inversionistas locales y extranjeros. Para comenzar, abre la puerta para que reclamaciones de vieja data se presenten, sobre todo en un país que tiene múltiples cicatrices causadas por la violencia. Además, aumenta el riesgo de que los justos paguen por los pecadores, al negociar predios que sobre el papel no tienen problema alguno.
Y la inquietud no solo tiene que ver con lo que pasó, sino con lo que viene. Una de las posibilidades que vendría con el posconflicto es la de atraer capitales que aprovechen el inmenso potencial agrícola del territorio nacional.
Sin embargo, cualquier interesado exigirá un mínimo de seguridad legal, algo que no será factible en caso de abrirse por completo la caja de Pandora de la propiedad de la tierra. Debido a ello, es de esperar que cuando publique el texto de su fallo, la Corte entienda que un problema no se soluciona creando otro, si se trata de que el desarrollo por fin llegue a las zonas rurales.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
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Editorial
La caja de Pandora
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