Todas las señales disponibles sugieren que faltan pocos días para que en La Habana se haga el anuncio sobre el cese al fuego bilateral y definitivo, que en la práctica significa ponerle fin al conflicto armado que ha desangrado a Colombia a lo largo de más de medio siglo. Si bien queda la firma definitiva de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, el paso que podría darse a finales de esta semana hace inminente el cierre de las negociaciones con el grupo guerrillero.
La impresión de que la cuenta regresiva está en marcha, explica las más recientes andanadas en contra del proceso que se adelanta en la capital cubana. El Centro Democrático se ha empeñado en denunciar los pasos más recientes, comenzando por las modificaciones al acto legislativo que hace curso en el Congreso y se encuentra a un debate de ser aprobado. Por su parte, el Procurador llegó al extremo de insinuar que un funcionario que abogue por el ‘sí’ ante la eventual celebración de un plebiscito sobre lo pactado, podría ser sancionado disciplinariamente.
Ante los ataques recibidos, la disyuntiva para el Ejecutivo será la de concentrarse en responder los ataques de sus opositores y enfrascarse en una lucha de declaraciones o tratar de informar de manera juiciosa a la opinión sobre lo suscrito. Es de esperar que la Casa de Nariño optará por lo segundo, sobre todo si mira los resultados de los sondeos que muestran un profundo desconocimiento de lo que han convenido las partes hasta la fecha.
Para citar un par de ejemplos concretos, una proporción importante de la ciudadanía considera que las Farc no van a devolver sus armas nunca, al tiempo que la creencia generalizada es que los excombatientes se aprestan a recibir una gruesa suma mensual durante un largo tiempo, a costa del presupuesto general de la nación. A lo anterior se suma el inmenso escepticismo que hay con respecto a una disminución de la violencia, la extorsión o el narcotráfico, en aquellas zonas que tradicionalmente han enfrentado lío de orden público.
Más allá de entrar a considerar uno a uno los puntos enunciados, el mensaje de fondo es que la gente realmente no sabe qué se ha venido acordando. En respuesta, no faltan las opiniones que señalan que es deber de cada colombiano leerse los documentos que se han hecho públicos para que se forme sus propios criterios.
Aunque deseable, es dudoso que así sea. Por lo tanto, el Gobierno está obligado a informar de manera didáctica lo conseguido, siendo al mismo tiempo franco y conciso. La campaña de comunicación requiere despojarse de los discursos usuales llenos de lugares comunes, para centrarse en explicar, en el breve lapso que dura una pieza publicitaria, qué fue lo que se consiguió y por qué se merece el respaldo de todos.
Resulta fundamental despersonalizar lo que se diga en favor del proceso que le ponga fin al conflicto. Puesto de forma descarnada, sería un error dejar que haga carrera la impresión de que esta es la paz de Santos y no la de los colombianos, cuando su consolidación acabará beneficiando tanto a la actual como a las siguientes generaciones. Si se trata de que eso suceda, no queda otra opción que dejar en claro que la tierra prometida todavía está lejos, pues se requiere un esfuerzo continuado que obliga a no bajar la guardia.
Lecciones sobre cómo hacerle entender al público de qué se trata todo esto, abundan en el mundo de la publicidad. Aprenderlas obliga a mirar el reto de conseguir el respaldo popular con respeto y, sobre todo, con humildad.
Y es que no cabe duda de que la etapa que sigue será compleja. Sin desconocer la titánica labor adelantada en Cuba, la fase siguiente es la de vender en el territorio nacional las bondades de un esquema que implica hacer concesiones, algunas de ellas difíciles de digerir, pero que también acarrea logros inmediatos y abre oportunidades inmensas en el plano económico.
Ricardo Ávila Pinto
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Editorial
La etapa que viene
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