Ricardo Ávila
Editorial

Temporada de micos

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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POR:
Ricardo Ávila
mayo 25 de 2016
2016-05-25 09:08 p.m.
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El periodo de sesiones del Congreso, que termina el próximo 20 de junio, no ha sido particularmente prolífico en cuanto a proyectos de ley aprobados. Sin desconocer la trascendencia de iniciativas como el llamado ‘acto legislativo para la paz’ que allana el camino jurídico, si se llega a un acuerdo con las Farc, se cuentan con los dedos de una mano las propuestas debatidas en profundidad que pasarían a sanción presidencial.

Aun así, siempre hay espacio para sorpresas. Eso quedó claro tras conocerse que un articulado que regularía al sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia podría recibir luz verde si se completa su trámite en la Cámara en los días que vienen, después de salir avante en el Senado a mediados de diciembre.

A primera vista, suena lógico meterle la mano a un sector que genera cerca de 350.000 empleos y en el que participan más de 900 compañías. Las circunstancias propias del país llevaron, en su momento, a que la celaduría y otros servicios conexos como el transporte multimodal de valores o la supervisión electrónica, experimentaran elevadas tasas de crecimiento en décadas recientes, sin que se tuvieran necesariamente reglas de juego ideales.

Hasta la fecha, la norma que rige la actividad es el Decreto 356, expedido a comienzos de 1994 por el Ministerio de Defensa. Desde entonces, los desafíos han evolucionado, no solo por cuenta de las organizaciones criminales, sino de la tecnología y las necesidades de empresas que contratan este tipo de labores.

No obstante, una cosa es querer poner orden y modernizar la legislación y otra tratar de meter goles en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Tal es el caso de los artículos que prohíben el capital extranjero en un segmento en el que participan cuatro compañías foráneas de buen tamaño, pues ocupan a unas 60.000 personas en conjunto.

Semejante postura cuenta con muchos adeptos en el Capitolio. Entre los argumentos expuestos en las discusiones parlamentarias está el que no se puede permitir que personas armadas estén en la nómina de sociedades que no sean solamente de colombianos, por motivos de seguridad nacional. Palabras más, palabras menos, el planteamiento es que existiría una especie de ejército privado que respondería a los designios de otras capitales.

Los escenarios imaginados son risibles, pero las firmas amenazadas los toman muy en serio, y con razón. En contra de los discursos oficiales que hablan de las ventajas de la inversión venida de afuera y de lo buena que es la competencia, hay la intención firme de sacar a unos de un plumazo, en aras de arroparse en la bandera.

Tal vez lo lógico en esta oportunidad es aplicar aquel dicho que aconseja ‘piensa mal y acertarás’. Más de un observador independiente considera que aquí lo que hay es el propósito de agarrar una tajada de un negocio que vale unos siete billones de pesos anuales y cuyas porciones más apetitosas se encuentran en manos de conglomerados con amplia experiencia internacional. En lugar de invertir y profesionalizarse, no faltará el que desee un pedazo de la torta de una forma más barata: cerrando puertas.

Y las luces amarillas no solo se han encendido en este acápite. La Superintendencia y Comercio también prendió las alarmas por cuenta de un inciso que suspendería las investigaciones por cartelización, pues se ha documentado que una misma compañía controladora presentaba a varias sociedades subordinadas en las licitaciones oficiales, para así mostrar un número plural de proponentes.

Más allá de la discusión, la marcha del proyecto deja un mal sabor y revive el fantasma de los conocidos ‘micos’. Ante la polémica, todo indica que la iniciativa acabará hundiéndose debido a la estrechez del calendario, pero en el ambiente queda la inquietud de que otra vez, en aras del interés común, más de uno quería aquí hacerle el bien a un particular.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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