Ricardo Ávila
Editorial

Un balance agridulce

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
junio 13 de 2016
2016-06-12 08:22 p.m.
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No era poca la expectativa que había en el Gobierno por los posibles recaudos que se podían derivar de la presentación de la declaración y pago del impuesto a la riqueza y su complementario de normalización tributaria en la vigencia del 2016. Como se recordará, el plazo se cumplió el pasado 24 de mayo, fecha hasta la cual los contribuyentes debían sincerar sus cuentas con el fisco y, especialmente, hacer uso de la disposición temporal que permite reportar activos omitidos, en este caso con una tarifa del 11,5 por ciento.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, el anhelo de que muchos colombianos optaran por decirle a la Dian lo que antes habían ocultado, tenía una base más sólida. Por una parte, en agosto la Corte Constitucional declaró exequible el artículo de la ley que le dio vida al mecanismo, con lo cual se acabó la incertidumbre que llevó a más de uno a abstenerse de usarlo. Por otra, la administración comenzó a firmar convenios de intercambio de información financiera con países y territorios que reciben capitales de otras latitudes sin hacer muchas preguntas.

Adicionalmente, el nombre de Panamá ganó una gran notoriedad. La filtración de millones de archivos de la firma de abogados Mossack Fonseca puso al descubierto cómo un buen número de personas naturales y jurídicas usó distintos esquemas para eludir la acción de sus respectivas autoridades tributarias. En el caso de Colombia, las investigaciones comenzaron rápidamente y dejaron en claro que dos terceras partes de los develados le escondieron información al fisco, o utilizaron procedimientos para defraudarlo.

Como si lo anterior fuera poco, Bogotá y el istmo se pusieron de acuerdo en torno a un convenio que permitirá solicitarle al país vecino datos sobre lo que posean los colombianos allá. Si bien el pacto no está finalizado, debería quedar listo muy pronto y tendría aplicación inmediata. Bajo esa lógica, era de esperarse que muchos contribuyentes prefirieran sanear sus cuentas y no exponerse a sanciones que son muy onerosas.

El balance de lo sucedido, deja un sabor agridulce. Por un lado, el número de declarantes que optó por la normalización subió 18 por ciento frente al 2015 y llegó a los 3.019. La base gravable también aumentó a casi 3,7 billones frente a 3,3 billones de pesos el año pasado. Más llamativo quizás es que en esta oportunidad el 80 por ciento está por fuera del territorio nacional, cuando en el primer corte esa proporción ascendió al 38 por ciento. El hecho es que por cuenta de lo ocurrido, la tesorería espera recibir 423.333 millones de pesos, que se suman a los 330.964 del ejercicio previo.

Si bien las sumas mencionadas son importantes, las cuentas muestran que todavía la mayoría de lo que estaría en el exterior sigue oculto. Oficialmente, el Gobierno habla de unos 30 billones de pesos por fuera, pero otros cálculos dan números más elevados. Tan solo en Panamá habría 20.000 millones de dólares de colombianos, de los cuales se declara la mitad ante la Dian.

¿Por qué muchos prefieren seguir escondiendo su dinero? Las razones van desde los consejos de algunos tributaristas de esperar hasta el próximo año, así haya que pagar una tarifa del 13 por ciento, hasta el temor por las condiciones políticas y de seguridad en el país. Otros creen que la mano de la administración de impuestos no es tan larga, pues si han permanecido por debajo del radar en el pasado, pueden continuar así.

En consecuencia, la única alternativa para la Dian es aumentar la presión. Esto incluye convencer a los escépticos de que es mejor estar a paz y salvo y aprovechar una ventana que todavía está abierta, como también la opción de blandir el garrote y perseguir a los infractores, haciendo uso de las nuevas herramientas de que dispone. Solo así será posible que los recaudos suban de forma notoria frente a lo conseguido hasta ahora.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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