Ricardo Ávila
Editorial

Así no se puede

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
julio 05 de 2016
2016-07-05 08:19 p.m.
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No fue el primer caso y seguramente tampoco será el último. La semana pasada, un escueto comunicado de la firma Epsa informó que esta desistía del proyecto de construcción de una segunda línea de transmisión de electricidad que uniría la zona de Calima con Buenaventura, además de su correspondiente subestación. El tendido tenía como propósito mejorar la calidad del servicio en el principal puerto del país y surtir la demanda prevista, pues la capacidad actual se coparía pronto.

Sin embargo, una serie de factores hicieron que la iniciativa se volviera inviable. De acuerdo con la compañía, de un presupuesto inicial de 37.000 millones de pesos a finales del 2010, se pasó a uno de 69.537 millones en abril pasado. Ese sobrecosto del 83% no incluye nuevas pretensiones de las comunidades de la zona, que seguramente habrían inflado la cuenta aun más.

El punto central es la ubicación de múltiples edificaciones en el área por la cual pasarían cables y torres. Tal como lo muestran las fotografías aéreas, en enero del 2013 no había nada en un terreno que es inhóspito y boscoso. Sin embargo, 20 meses después ya se habían censado 501 unidades, cantidad que a comienzos de este año se acercaba al millar. En algunas visitas se constató que buena parte de las casas de madera estaban vacías, pero eso no fue óbice para que los lugareños hablaran de la necesidad de recibir una importante compensación.

"Una cosa son los derechos que protegen a minorías y comunidades, y otra los abusos que se cometen contra obras clave". 

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Ante la posibilidad de exponerse a cuantiosas demandas, la empresa decidió cortar por lo sano. Más allá de los 12.000 millones de pesos invertidos en la adquisición de lotes, tramos de servidumbres y contratos para compra de equipos, entre otros gastos, resultaba más conveniente asumir una pérdida que entrar en una espiral de
incertidumbres de valor indeterminado.

Tras la decisión, corresponde a la Upme, adscrita al Ministerio de Minas, adelantar una convocatoria pública para ver quién hace la tarea. Dados los antecedentes, es dudoso que alguien se presente, a menos que el Estado asuma los riesgos inherentes a sobrecostos y atrasos.

Tal eventualidad plantea varios escenarios. En el peor de los casos, podrían ser obligatorios los cortes de luz si las obras no se entregan a tiempo y el consumo empieza a aumentar. Y de todas maneras, la cuenta será más elevada y alguien tendrá que pagarla: las arcas públicas, los usuarios o ambos. Sea como sea, las oportunidades de progreso en algunos de los municipios con mayor pobreza en el país se verán limitadas.
Ejemplos similares al citado se vienen presentando con inusitada frecuencia. El primer campanazo se escuchó cuando en el 2012 EPM archivó el proyecto de Porce IV, después de que un censo mostró que la población en el área de influencia de la hidroeléctrica se había multiplicado por cinco. En otras ocasiones, el margen de maniobra es limitado, como sucedió con el tramo de la Ruta del Sol que llega hasta Ciénaga y cuya entrega se atrasó por la aparición de una docena de comunidades que no estaban certificadas cuando fue adjudicada la obra.

"No se puede hacer el juego a aquellos
que le trampean al sistema y les roban oportunidades a pueblos enteros". 

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En principio, la justicia debería ser capaz de dirimir en dónde se presentan reclamaciones razonables y en dónde un puñado de avivatos acaba, en la práctica, extorsionando a un contratista. Lamentablemente la experiencia muestra que ello no es así, como lo prueban varias sentencias de la Corte Constitucional.

No hay duda de que a los tribunales los motiva el noble deseo de proteger a los más débiles y hacer cumplir convenios como los firmados por el Estado colombiano ante la OIT. Pero una cosa es hacer respetar la ley y otra generar tanta incertidumbre que el sector privado prefiere abstenerse. Más cuestionable aún es hacerles el juego a aquellos que le trampean al sistema y les roban oportunidades a poblaciones enteras que son las que pagan los platos rotos de un esquema que funciona cada vez peor. Porque así no se puede.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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