Ricardo Ávila

Un auge que termina

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
septiembre 19 de 2013
2013-09-19 01:03 a.m.
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Cuando hoy el Dane dé a conocer el dato sobre la evolución de la economía colombiana en la primera mitad del 2013, una de las conclusiones que resultará clara es que atrás quedaron los años en que la minería jalonaba con tasas de dos dígitos el Producto Interno Bruto. Tal realidad será aún más evidente si se excluyen los hidrocarburos del análisis, cuyo balance todavía se expande.

No obstante, la actividad minera está de capa caída por cuenta de la que se podría calificar como una ‘tormenta perfecta’. La combinación de parálisis institucional, falta de voluntad política, pérdida de imagen pública, carencia de prioridades e inseguridad jurídica, transformaron en poco tiempo el entusiasmo del auge en la incertidumbre del estancamiento, mientras el clima internacional se torna más oscuro.

Indicadores recientes hablan por sí solos. En el primer semestre de 2013, las exportaciones del segmento se derrumbaron 24 por ciento, por cuenta del pobre desempeño de carbón, oro y ferroníquel, los más representativos del ramo. Voces gremiales pronostican que las metas de producción no se cumplirán y advierten que las inversiones proyectadas se han caído casi a la mitad en los últimos tres años. Lo anterior se traduce en pérdida de empleos bien remunerados, muchos de ellos en zonas apartadas, como en menos ingresos fiscales de nación y regiones, por cuenta de menores impuestos y regalías.

Ante el fin de la bonanza, hay varios responsables. Algunos culpan a las reformas institucionales que involucran a los ministerios de Minas y de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional Minera. Más allá de estar bien intencionados, los cambios trajeron consigo la suspensión o desaceleración de distintos trámites, licencias, aprobaciones, titulaciones y delimitaciones solicitados. Solo hasta ahora la nueva estructura gubernamental está empezando a evacuar un rezago que implicó costos considerables, incluyendo la pérdida de competitividad relativa del país.

A tal situación se suma la falta de voluntad política de diferentes actores para defender la ‘locomotora minera’. Por su impacto en las zonas en que operan, las empresas formales del área requieren tanto de una rigurosa regulación estatal como de un apoyo jurídico y normativo. La vocación extractiva de una economía no es exclusivamente una decisión privada de un puñado de firmas, sino también un acuerdo político de las comunidades, los gobernantes y los políticos sobre cómo, hasta dónde y bajo qué parámetros explotar los recursos del subsuelo.

Esas reglas del juego –que incluyen consulta previa, predios, licencias ambientales y regalías– hoy siguen confusas, con lo cual no solo se han perdido inversiones, sino que se ha generado un sesgo antiminero en muchas regiones. Como si lo anterior fuera poco, la rotación de las personas encargadas del tema ha sido alta, lo cual impide transmitir mensajes coherentes.

Además, hay quienes piensan que ciertos remedios llegan tarde. Hasta hace pocas semanas se definió el Conpes de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico que incluye 15 iniciativas, que enfrentan dificultades y exigen respuestas coordinadas.

Mientras eso ocurre, los opositores radicales a cualquier explotación minera han aprovechado la lentitud administrativa y los mensajes cruzados del Ejecutivo. Junto a la débil respuesta en casos de abuso, también se ha fallado en mostrar experiencias exitosas, con lo cual la actividad tiene un serio problema de imagen y despierta reacciones negativas en el colombiano del común.

En consecuencia, quienes advirtieron hace unos años que el país necesitaba una hoja de ruta clara para aprovechar el auge minero, no encontraron el eco necesario. Solo queda esperar que los timonazos que vienen sirvan para enderezar la marcha y no para descarrilar un tren que cada vez encuentra más obstáculos en la vía.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto

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