Ricardo Ávila

Avivatos en la mira

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
abril 08 de 2013
2013-04-08 04:26 a.m.
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El reporte llegado de Pereira la semana pasada, según el cual algunos dirigentes del movimiento Dignidad Cafetera estarían dispuestos a promover un nuevo paro de cultivadores del grano, después del cese de actividades que bloqueó a varias zonas del país durante 11 días, en febrero y marzo, generó una entendible preocupación en diferentes círculos.

 

La razón es que después del inmenso esfuerzo hecho, consistente en pagar un subsidio de 145.000 pesos por carga y renegociar las acreencias con el Banco Agrario, un nuevo movimiento de protesta no parece estar justificado.

 

A pesar de esa impresión, en declaraciones a diversos medios han abundado las quejas por la manera en la que opera el programa de Protección al Ingreso Cafetero (PIC). Según sus detractores, el trámite para recibir el pago es engorroso, con lo cual el beneficio no les llega a los agricultores.

 

Sin embargo, una mirada más detallada a las cifras revela que ese no es el caso. Hasta el 2 de abril se habían tramitado fondos por 150.275 millones de pesos, de los cuales habían sido girados 142.258 millones. Según el Ministerio de Hacienda, menos del 1 por ciento de las facturas presentadas –a un ritmo de 6.000 por día– han recibido algún tipo de glosa. Bajo ese punto de vista el alivio se siente en buena parte de los 576 municipios del país en donde se cosecha el grano.

 

Cabe, entonces, preguntarse de dónde vienen las quejas. La inquietud es válida, pues el estímulo es lo suficientemente importante para incitar a la trampa. De hecho, las autoridades han detectado cuatro modalidades para acceder al subsidio, que van desde la adulteración de facturas, hasta la creación de precooperativas de corta duración que dicen haber adquirido el producto, pasando por la suplantación de caficultores.

 

El caso típico es el de un comercializador que desea valorizar sus inventarios y busca recibir el PIC por cuenta de un café que ya existía. También existe el atractivo de traer el grano desde Perú o Ecuador y hacerlo pasar como nacional, con una utilidad que puede llegar a ser del 20 por ciento.

 

A la luz del peligro de que dineros públicos lleguen a quienes no los deberían recibir, no queda más que respaldar a las autoridades, y, en particular, a las instituciones cafeteras, para que extremen los controles y resistan las presiones de los avivatos. Tras el descalabro que significó el acuerdo que puso fin al paro, sería inconcebible que la fase de implementación se ejecute mal.

 

Pero más allá del giro que tome este asunto, lo sucedido vuelve a poner de presente lo complejo que resulta darle ayudas a diferentes sectores en Colombia. El reciente escándalo de Agro Ingreso Seguro comprobó que una iniciativa que buscaba mejorar la competitividad de los productores del campo, fue desvirtuada por las argucias de unos pocos.

 

Y la lista se extiende a otros ramos. El programa de construcción de 100.000 viviendas para los más pobres ha tenido que hacer advertencias públicas para que sus posibles beneficiarios no adquieran formularios de supuestas precalificaciones. Incluso, cuando las casas son adjudicadas es necesario hacer una revisión a fondo, pues en más de una ocasión se encuentra que personas que ya tienen un techo propio buscan quedarse con uno adicional.

 

También los planes de chatarrización del parque automotor enfrentan problemas similares. Quienes conocen el tema afirman que son numerosas las ocasiones en las que varios transportadores han querido meter gato por liebre, para así obtener sumas importantes por supuestamente haber sacado de circulación un camión o un bus viejo.

 

Tales ‘perlas’ forman parte de una larga hilera. La única forma de evitar que esta siga aumentando es aplicar sanciones ejemplares –que deberían ir hasta lo penal– para quien le meta las manos a los recursos estatales. Con amenaza de paro o sin ella.

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