Ricardo Ávila

Al borde del abismo

Por duro que suene, las EPS están hoy ilíquidas, no son solventes y tampoco parecen ser viables.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
septiembre 26 de 2011
2011-09-26 01:47 a.m.
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La semana pasada una de las EPS con mayor número de afiliados en Colombia les informó a sus hospitales afiliados una decisión drástica: por primera vez en década y media no habrá cheque el próximo mes, debido a los problemas de liquidez que enfrenta. Esa determinación es el reflejo de la agudización de un problema que, silenciosamente, sigue su marcha. 

Y es que más allá de los anuncios gubernamentales, de los fondos públicos girados y de las entidades intervenidas, la verdad es que el sistema de salud sigue en un proceso de desmoronamiento que es francamente preocupante. Lejos de consolidar los logros de un esquema que hoy le da cobertura a más del 90 por ciento de la población, cada vez está más cercano el día en que el castillo de naipes se puede derrumbar.

Dicho de otra manera, el escenario catastrófico en el cual se les niegue a las personas la atención médica necesaria porque una o varias instituciones cierren sus puertas, es ahora mucho más probable. El caso más notorio es el de las EPS, que han sido el ramo más vilipendiado a lo largo de una crisis que completa varios años de duración.

Son estas entidades el mascarón de proa de un sistema que tiene profundos problemas: un monumental desequilibrio económico, una institucionalidad frágil y una imagen desprestigiada. 

El detonante de lo que ocurre hoy es conocido. Son los servicios que no están en el Plan Obligatorio de Salud y que son recobrados al Fosyga. El origen se ubica en las tesis de la Corte Constitucional que convirtieron la salud en un derecho fundamental casi de carácter ilimitado y la tutela el mecanismo preponderante para que las personas pudiesen obtener gratuitamente la atención, que se encontraba por fuera del POS. La falta de una reacción oportuna por parte del Gobierno y el Congreso dejó al garete el asunto en manos de médicos, clínicas, laboratorios farmacéuticos, proveedores y entidades aseguradoras. 

Al margen de los posibles casos de corrupción y sobrecostos que deben ser castigados, lo cierto es que las EPS –que son el último eslabón de la cadena– se encuentran financieramente ilíquidas, insolventes y en estado de inviabilidad. Las cifras reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud, con corte al primer semestre, registran cuentas por cobrar al Fosyga por más de 1,5 billones de pesos, de las cuales dos terceras partes habrían sido glosadas en forma definitiva. 

Debido a ello, el patrimonio conjunto de tales instituciones, cercano a un billón de pesos, quedaría borrado de un plumazo. Aparte de ello, los reintegros de dinero se han vuelto mucho más difíciles, con lo cual no hay plata. Cuando las quejas suben de volumen se producen algunos giros, como fue el caso la semana pasada, pero la verdad es que hoy se está comprobando esa máxima que dice que los negocios se quiebran por falta de caja.

Si a lo anterior se suma el despliegue mediático por parte del Gobierno y de los organismos de control, se observa una sinsalida para las entidades aseguradoras, en su gran mayoría privadas, para continuar operando y para que los inversionistas tengan confianza e inviertan en su fortalecimiento.

Ante la compleja encrucijada, son necesarias señales claras y decisiones rápidas. Por ejemplo, el Ejecutivo debería decir de frente si de verdad quiere las compañías privadas en el esquema que propone, para no seguir ahogándolas veladamente. De hecho, hoy cerca de una cuarta parte de los usuarios está, directa o indirectamente, en manos del Estado, después de las intervenciones recientes. 

Por cuenta de lo sucedido cobra peso la propuesta de convertir al Fosyga en un fondo público que les pague directamente las cuentas a hospitales y médicos, con todos los riesgos que eso implica. Esa es una mala idea que, lamentablemente, va a acabar imponiéndose si las cosas en la salud siguen como van. Es decir, mal.

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