Mientras más se conocen hechos y detalles del escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, más estupefacta e indignada queda la ciudadanía capitalina sobre el nivel de corrupción que se tomó al Distrito. Las más recientes revelaciones provienen de la declaración a la Fiscalía del exsecretario de Salud Héctor Zambrano, uno de los pernos de esta maquinaria de saqueo a las arcas públicas.
Zambrano contó al ente investigador los escabrosos detalles de cómo los hermanos Samuel e Iván Moreno habrían coordinado la entrega de una ‘mordida’ sobre un abultado contrato de ambulancias. El exsecretario, quien además fue alcalde encargado en varias ocasiones y destacado por los medios de comunicación como uno de los mejores funcionarios distritales, habría repartido 5.180 millones de pesos en un año a distintos cómplices. El testimonio obtenido por El Tiempo identifica no solo a los Moreno, sino también al contratista Emilio Tapia, al entonces contralor Miguel Ángel Moralesrussi, al otrora personero Francisco Rojas Birry, al expresidente del Concejo Hipólito Moreno y a otros concejales.
Este habría sido todo un esquema de robo a los dineros capitalinos que habría involucrado las más altas esferas del Estado en el nivel distrital: la Alcaldía, el Cabildo y los organismos de control. El descaro de estos funcionarios fue tal que las millonarias comisiones al parecer eran recogidas en el baño de la oficina del secretario Zambrano. En momentos en que el país entero debate la crítica situación de la salud en Colombia, da vergüenza que los recursos para un sector tan sensible y desfinanciado se hayan desviado a los bolsillos de este ‘cartel’ de corruptos.
La declaración del otrora mejor funcionario del gabinete compromete también a varios concejales de los distintos partidos políticos. Omar Mejía del partido Conservador, el liberal Jorge Salamanca y el edil polista Wilson Duarte habrían recibido entre 80 y 500 millones de pesos. El caso del concejal Andrés Camacho es aún peor. Según Zambrano, Camacho, del partido de ‘La U’, habría levantado en diciembre del 2009 una importante sesión sobre el presupuesto de la ciudad para el 2010. Como presidente de la comisión de Hacienda del Cabildo, el concejal habría bloqueado el proceso, en represalia por no haber recibido una comisión de 500 millones de pesos.
Por más de tres años, sin distinción de colores políticos o ideologías, el Distrito, varios concejales, los organismos de control y un puñado de contratistas convirtieron a Bogotá en un festín de sobornos, chantajes y robo sistemático. ¿A alguien sorprende ahora esa generalizada sensación de pesimismo sobre el futuro y de falta de rumbo de la ciudad? ¿Para combatir ese cáncer de corrupción basta con nombrar funcionarios honestos o se requieren de la administración actual unas iniciativas más contundentes?
Más allá de los patéticos detalles de cómo operaba el ‘carrusel’ de los contratos en la capital, los bogotanos necesitan dos cosas. Primero, que se haga justicia. La Fiscalía ha venido generando acuerdos con varios de los implicados en este esquema ilícito para dilucidar su funcionamiento y así fortalecer sus pruebas contra las cabezas. No obstante, los casos requieren ganar velocidad y las sentencias, empezar a llegar con contundencia. Bogotá debe conocer pronto la magnitud del castigo a todos los involucrados.
En segundo lugar, tanto el Distrito como los organismos de control local, ahora en diferentes manos, deben explicarles a los capitalinos las medidas y políticas que han desarrollado para que un ‘cartel’ como este no se vuelva a incubar en la administración. Y a los bogotanos, quienes creían que la ciudad era líder y de vanguardia, les queda la lección de no dejar nunca de estar vigilantes y saber elegir en las urnas a su alcalde y sus concejales.
Ricardo Ávila Pinto
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