Ricardo Ávila

Claridad y transparencia

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
enero 22 de 2015
2015-01-22 03:11 a.m.
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Falta poco más de una semana antes de que el Ministerio de Minas expida el comunicado según el cual se fija el valor de la gasolina en febrero, lo que dejaría el galón por encima de los 8.000 pesos. Todas las apuestas coinciden en que en el mes que viene tendrá lugar una nueva reducción, tal como ha sucedido en periodos recientes.

Sin embargo, es muy posible que los consumidores expresen su insatisfacción, cuando se anuncie un recorte cercano al 3 por ciento. El motivo es que en otras latitudes el descenso ha sido mucho más pronunciado, por cuenta de la descolgada en los precios internacionales del petróleo.

El ejemplo más usado es el de Estados Unidos, en donde el combustible se ubica en algo más de dos dólares el galón, menos de 4.800 pesos si se toma como base el nivel de la tasa de cambio. Cuando esa cifra se combina con el poder adquisitivo, la indignación de la ciudadanía se dispara, pues nadie entiende cómo puede ser que los automovilistas de un país rico paguen mucho menos que los colombianos.

La explicación es larga. El problema es que el Gobierno ha sido particularmente incapaz a la hora de comunicar qué es lo que pasa, mientras muchos pescan en el río revuelto del descontento. Como consecuencia, la administración se arriesga a movilizaciones populares demandando recortes inmediatos, algo que podría complicar todavía más la complicada situación de las finanzas públicas.

Ante ese riesgo, el Ejecutivo no tiene una salida diferente a la de ponerle la cara a la gente. Lo primero que tiene que hacer es explicar por qué tanquear un vehículo cuesta más aquí que en otras latitudes. En segundo término, debe hablar de las razones por las cuales el alivio que otros han sentido, ha sido mucho menor por estos lares.

Es verdad que en más de una ocasión los funcionarios responsables han hablado del asunto. Pero no importa. Tantas veces como sea necesario es indispensable insistir en que detrás de la antipática realidad existe una política, que viene desde hace años. Y que un cambio en la misma genera una cuenta por pagar que alguien tendrá que asumir.

La política en cuestión es que el precio de los combustibles tiene que ajustarse al internacional. Decenas de Estados en el mundo comparten ese enfoque, así sean ricos en hidrocarburos o no. Otros prefieren subsidiarlos, como ocurre con el caso extremo de Venezuela. El economista Ricardo Hausmann recordó recientemente que con un dólar en el mercado paralelo se compran 1.800 litros de gasolina en el país vecino.

A lo anterior es necesario agregarle una importante cascada de impuestos. Existe una porción que le entra a la Tesorería de la República, pero la parte más onerosa les llega a los municipios que aplican una sobretasa para mejorar la infraestructura local. Si los pueblos y ciudades decidieran echarla para atrás, el valor del combustible disminuiría, pero lo cierto es que nadie quiere perder esa fuente de ingresos.

La otra parte de la historia tiene que ver con el déficit en el cual incurrió el fondo de estabilización de precios de los combustibles, un vehículo creado por la administración pasada para hacer menos volátil lo que paga el consumidor. En su momento, la Corte Constitucional decidió que la Nación no tenía derecho a generar excedentes en éste, con lo cual quedó en el aire una deuda que asciende a 4,9 billones de pesos.

Dada la estrechez en las cuentas estatales, mediante la reforma tributaria que aprobó el Congreso en diciembre se creó una carga parafiscal para cancelar ese monto. Lamentablemente, nadie se tomó el trabajo de decirlo en público, con lo cual el mal sabor en la opinión no se hizo esperar. Debido a ello, hay que corregir ese error. Es muy probable que la ciudadanía no esté de acuerdo y exija mayores rebajas, pero lo que se merece es claridad y transparencia. Y esta ha brillado por su ausencia.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto


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