Ricardo Ávila

Cojea y nada que llega

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
noviembre 11 de 2014
2014-11-11 02:26 a.m.
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Tras el juicio del fin de semana, en el que la Asamblea Indígena reunida en el resguardo de Toribío, en el Cauca, condenó a penas de hasta 60 años de prisión a los siete integrantes de las Farc que fueron responsables de la muerte de dos integrantes de la comunidad Nasa, han abundado las comparaciones con lo que sucede en la jurisdicción ordinaria. Y es que mientras en esta oportunidad el tiempo entre el delito y la sentencia fue de cuatro días, a lo que están acostumbrados los colombianos es a las tácticas dilatorias y a los procesos que duran años.

Así ocurre, al menos, en lo que tiene que ver con casos emblemáticos, ya sea penales, civiles, laborales o aquellos que llegan a los tribunales de lo contencioso administrativo. Dentro de aquellos que se han mencionado se encuentra el de Interbolsa, la firma comisionista de bolsa cuya suspensión de operaciones tuvo lugar a comienzos de noviembre del 2012 y cuyos responsables todavía están a la espera de un veredicto.

Si bien la Fiscalía empezó la etapa de indagación preliminar a los pocos días de que estallara la debacle, una vez fuera informada por la Superintendencia Financiera, las primeras imputaciones se dieron hasta el 26 de mayo del 2013. A partir de ahí las decisiones han venido con cuentagotas, sin que se pueda decir que el fin está cerca.

Si se quiere hacer un corte de cuentas, se ve que a la fecha hay 22 implicados, nueve imputados y siete detenidos, de los cuales tres disfrutan del beneficio de la casa por cárcel. Las acusaciones se concentran en cuatro delitos: manipulación fraudulenta de especies, administración desleal, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir.

La colaboración de un exdirectivo de la firma no solo llevó a que se le concediera el principio de oportunidad, sino que podría acelerar el desenlace. Aun así, los que saben del asunto señalan que faltan meses antes de llegar al final, pues externalidades como el paro que desde hace un mes promueve Asonal Judicial, contribuyen a que la espera antes de las definiciones se prolongue.

Menos alentador todavía es lo que ocurre con el Fondo Premium, el vehículo de inversión con sede en Curazao, en torno al cual se han hecho revelaciones también escandalosas. Hay 25 implicados que deberán enfrentar sindicaciones de captación masiva, manipulación fraudulenta, administración desleal, estafa y concierto para delinquir. La estrategia de la defensa se ha concentrado en la primera de esas faltas, pues el andamiaje del proceso se asienta en que se violaron las normas sobre recibir dineros del público.

Aunque desde el punto de vista formal se trata de juicios diferentes, es indudable que hay una conexión entre uno y otro. Los amigos de las teorías de la conspiración han empezado a decir que existe una estrategia coordinada para poner palos en la rueda aquí y allá con el fin de prolongar el momento de las sentencias.

Semejante escenario, sería lamentable. Más allá de que la reparación a los damnificados por lo que haya sucedido en Interbolsa y Premium tenga su respectivo ritmo, lo que aspira la opinión es ver cómo se atribuyen las culpas. Sobra decir que buena parte de la legitimidad y el prestigio de la justicia radica en su celeridad, por lo cual las dilaciones contribuyen a erosionar su credibilidad todavía más.

Como si lo anterior fuera poco, vuelve a quedar en la ciudadanía la impresión de que el peso de la ley –cuando llega– no oprime a las personas que tienen influencia y recursos. Más allá de que las garantías procesales –como las que brillaron por su ausencia en el Cauca– son indispensables, hay en este asunto un abuso injustificable de ciertos mecanismos. Por ese motivo, se insiste en que el lapso entre el crimen y el castigo debe ser recortado. De lo contrario, el derrumbe de la comisionista y del fondo de marras pueden volverse emblemáticos de lo que no funciona en Colombia.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto


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