Ricardo Ávila
Editorial

Como los avestruces

Las tres ramas del poder público no han sabido cómo responder bien a la presencia de aplicaciones como Uber.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
abril 05 de 2017
2017-04-05 07:49 p.m.
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En estos días podría decidirse el futuro de Uber en Colombia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca está pronto a fallar una demanda del Ministerio de Transporte que busca bloquear la conocida aplicación por explotación ilegal del espectro electromagnético. A su vez, el pasado martes la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes celebró una audiencia pública sobre el proyecto de ley 198 de 2016, iniciativa ciudadana promovida por la compañía, que tiene el respaldo de más de tres millones de firmas.

Con operación en 19 ciudades del país, más de 50.000 conductores registrados y un millón y medio de usuarios, hoy el servicio que ofrece Uber en todas sus versiones es ilegal. La necesidad de regular esta plataforma -y todas las demás que se le parecen- es perentoria. Cada día, miles de personas usan la aplicación en detrimento de la institucionalidad del transporte y crean una situación de facto que poco ayuda a la gestión de la movilidad urbana.

Los argumentos de uno y otro bando son conocidos. Los que están a favor dicen que el Estado debe ajustar su normatividad a los avances tecnológicos y no al revés. Uber o Cabify crecen porque ofrecen más comodidad y seguridad en comparación con los taxis, a precios muy competitivos.

'La incapacidad institucional se nota en las posturas contradictorias de ministerios y superintendencias al respecto'

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Por su parte, los opositores, encabezados por el gremio de los amarillos y el Ministerio del ramo, exigen que las plataformas se conviertan en empresas legales de transporte para así garantizar la competencia en condiciones asimilables. El problema es que esa salida no acepta una realidad nueva, como la de la economía colaborativa, sino que va en contra de la voluntad de quienes prefieren opciones distintas a las aceptadas por las autoridades.

La incapacidad del Estado colombiano para encontrar una solución al impasse es lamentable, pues arranca con posturas distintas al interior del Ejecutivo. La demanda de la cartera de Transporte ante el Tribunal fue atacada por el Ministerio de las TIC que salió en defensa de las aplicaciones. Mientras la Superintendencia de Transporte sanciona a Uber, la de Industria emitió concepto favorable al proyecto de ley de iniciativa ciudadana y dice que estas opciones ayudan a mejorar fallas del mercado.

El Legislativo, por su parte, ha brillado por su lentitud en tramitar un marco que zanje el debate de una vez por todas. A lo anterior se añade la inhibición de la Corte Constitucional para inmiscuirse en el asunto. En resumen, las tres ramas del poder público no han estado a la altura de las circunstancias.

Mientras burócratas, jueces y congresistas van a un ritmo, la realidad anda a otro. La movilidad no es la única área en la que los avances de la tecnología resuelven las asimetrías del mercado y crean nuevas necesidades. En el negocio del turismo, los hoteles, la mensajería y el reparto a domicilio, la intermediación inmobiliaria, la televisión y el entretenimiento, por mencionar los más conocidos, plataformas móviles están transformando las reglas del juego y poniendo en evidencia vacíos regulatorios, normativos y legislativos de todo tipo. Además de cobrar más impuestos, la respuesta estatal ha entorpecido más que impulsado estas innovaciones.

Aunque el caso de Uber es el más controversial -ha incluido marchas de protesta, persecuciones de taxistas y automóviles incendiados-, lo que está en juego es cómo el Estado define el marco legal en el que las manifestaciones de esta nueva economía colaborativa se desarrollen de manera adecuada.

Pretender, como lo están haciendo las autoridades nacionales de transporte, que las plataformas tecnológicas quepan en cajas diseñadas para el siglo pasado no solo es torpe, sino también frena la innovación. Enterrar la cabeza en la tierra como el avestruz no es la salida. ¿Serán entonces los poderes públicos capaces de entender la modernidad, anteponiendo el bien común sobre el particular? La respuesta aún no es clara.

Ricardo Ávila Pinto
Director de Portafolio
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto

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