Ricardo Ávila

Confrontación innecesaria

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
febrero 26 de 2014
2014-02-26 02:13 a.m.
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El objetivo de cualquier decisión del Estado sobre empresas que prestan un servicio público esencial debería ser la protección absoluta de sus usuarios.

Dicha máxima tendría que ser incontrovertible cuando el servicio tiene que ver con la salud y el bienestar de la población.

En este sentido, las medidas que se tomen requieren estar rigurosamente coordinadas y merecen ser ordenadas en su aplicación, por quienes tienen la facultad para ejecutarlas o vigilar sus procesos.

Por tal motivo, en lo que hace a la EPS Saludcoop, que tiene cuatro millones de afiliados (sin contar otro tanto que hacen parte de Cruz Blanca y Cafesalud, del mismo grupo) y hace presencia en 900 municipios del país, hay que ser muy cautelosos.

La cooperativa está en manos del Estado desde mayo del 2011, cuando la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de sus bienes y negocios e inició una intervención forzosa para administrarla.

El organismo de control y vigilancia adoptó la decisión tras detectar una serie de irregularidades que, con el tiempo, han sido confirmadas.

Prueba de ello es el juicio fiscal que por cerca de 1,4 billones de pesos inició la Contraloría General y que compromete seriamente a los antiguos directivos de dicha EPS, que tendrán que responder por recursos que tienen carácter de públicos.

Si bien a la luz de los abusos pareciera fácil tomar una medida concluyente, es claro que la complejidad del mismo sector de la salud y la estructura corporativa de Saludcoop, ha dificultado su administración y la aplicación de todos los ajustes necesarios para garantizar su viabilidad.

Esa es la razón por la cual los plazos definidos a través de actos administrativos para la intervención han tenido que prorrogarse al punto que la última resolución deja a la EPS en manos gubernamentales hasta el 11 de mayo de este año.

Hay que reconocer que la crisis por la que atraviesa la salud, la fragilidad de las normas que la rigen, los fallidos procesos de reforma, el alto nivel de pugnacidad entre sus actores y la profunda politización que enmarca los debates, juegan en contra de la posibilidad de tomar, frente a la entidad, una decisión expedita y ajustada a las necesidades del país.

Basta ver el debate planteado por la contralora, Sandra Morelli, quien ha lanzado varias alertas preocupantes en torno al destino de la EPS.

A comienzos de este año manifestó que la posibilidad de devolverla a sus dueños “sería una gran burla”, y hace apenas unos días se manifestó contraria a una potencial capitalización con dineros públicos.

Al respecto, vale la pena reconocer que la vigilancia sobre el uso de fondos estatales tiene relación con el propio espíritu de la Contraloría.

Sin embargo, es necesario entender que las alertas, aunque llamativas, no pueden convertirse en un obstáculo en procesos tan difíciles como este, máximo cuando se hacen sobre decisiones que no se han tomado.

Frente a ese tema es claro, de hecho, que no hay una ruta definida.

Según el Superintendente Nacional de Salud, Gustavo Morales, incluso si la hubiera, la capitalización no es el camino a seguir con la EPS, pues se sentaría un precedente inadecuado.

Por tal motivo, la Contralora también debería ser prudente, pues el ruido que crea enturbia el panorama, sobre todo si se tiene en cuenta que la Supersalud tendrá que tomar decisiones inaplazables y definitivas sobre otras empresas del Grupo Saludcoop. Ese es el caso de sus IPS, que tienen una interdependencia con la EPS, que hay que desenmarañar.

Además, hay que pensar en los usuarios. No puede perderse de vista que las decisiones que se tomen afectarán al 19 por ciento de la población de afiliados al régimen contributivo, razón de más para que los entes estatales que hoy son responsables de Saludcoop, actúen de manera armónica y coordinada, evitando la confrontación innecesaria.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto

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