Ricardo Ávila
Editorial

Contra la pared

El continuo cambio de reglas del juego terminará por alejar a los inversionistas, que podrán encontrar en otros países una mayor estabilidad. 

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
octubre 13 de 2016
2016-10-13 09:05 p.m.
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Para el sector minero formal del país, el 2016 es un año para olvidar. A la incertidumbre del entorno internacional y la lentitud en la aprobación de las licencias, se suman los fallos de la Corte Constitucional. El último, hecho público en esta semana, “precisa” la competencia de los municipios para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medioambiente, incluyendo la posibilidad de prohibir la actividad extractiva en sus territorios. Esta situación fue calificada por la Asociación Colombiana de Minería (ACM) como un “cambio en las reglas del juego”.

La decisión del máximo tribunal se sintoniza con una serie de fallos que han venido transformando las condiciones en la que la actividad desarrolla sus proyectos. Por ejemplo, la caída del Artículo 37 del Código Minero, hace unos meses, abrió la controversia sobre si el Estado es el dueño del subsuelo y regulador único de esas actividades. Con la sentencia de esta semana, la Corte Constitucional zanja el debate en favor de los entes territoriales, pero abre un hueco mayor en la certidumbre jurídica que requieren las empresas.

A la incertidumbre del entorno internacional y la lentitud en la aprobación de las licencias que vive el sector minero formal, ahora se le suman los fallos de la Corte Constitucional.

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Que los alcaldes puedan vetar la minería en sus municipios es, según los impulsores de las tutelas, una muestra de democracia y descentralización. Para muchos, suena mejor que los proyectos se decidan por los habitantes de las zonas cercanas que viven sus impactos, que desde un escritorio en Bogotá. No obstante, la realidad es más compleja.
La dificultad técnica y la multimillonaria inversión de una iniciativa promedio, requiere claridad y certezas. Las compañías deben saber qué requisitos y normas ambientales cumplir, y el Estado sabe cómo exploran y cuánto explotan.

Por cuenta de ese marco, el país ha recibido cuantiosos recursos que han aportado al crecimiento de la economía. Según cifras del Ministerio de Minas, en los últimos cinco años el sector minero ha girado 10 billones de pesos en regalías, y entre 2010 y 2014 atrajo 18 por ciento de la inversión extrajera directa que llegó a Colombia y contribuyó, en promedio, con 2,2 por ciento del PIB anual. Sin embargo, las cosas están cambiando a pasos agigantados y el país es mucho menos competitivo ahora que antes. No hay claridad hoy de cuál es el papel del Gobierno Nacional y de los regionales en todo el proceso de exploración y explotación minera.

El continuo cambio de reglas del juego terminará por alejar a los inversionistas, que podrán encontrar en otros países una mayor estabilidad.

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Otro aspecto complejo de las condiciones que surgen tiene que ver con la capacidad local para entender los impactos de los proyectos. Desafortunadamente, los entes territoriales hoy no tienen el músculo técnico y su oposición corre el riesgo de basarse más en prejuicios ideológicos y partidistas que en una discusión sobre cada exploración. Además, el poder que la Corte les da sobre las empresas mineras es una espada de Damocles que podría derivar en chantaje de las autoridades locales.

El fallo de la tutela en cuestión también ordenó adelantar una “investigación científica y sociológica” en un plazo máximo de dos años, que “revise los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano”. El estudio estará a cargo de los ministerios de Ambiente e Interior, la Contraloría, la unidad de parques naturales y el Instituto Von Humboldt. Tampoco hay claridad acerca del efecto que el documento tendrá sobre las concesiones mineras actuales, y si los proyectos hoy en desarrollo se verán afectados. Es decir, otra incertidumbre adicional.

No deja de sorprender que mientras la administración Santos identifica la minería ilegal y criminal como una de las amenazas más graves de seguridad, las cortes continúen generando fallos hostiles en contra de la minería formal. Este continuo cambio de reglas del juego terminará por alejar a los inversionistas, que podrán encontrar en otras latitudes una mayor estabilidad. Difícil hallar otra actividad formal y regulada en el país, con poderosos enemigos en las cortes, los medios y las ONG.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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