Ricardo Ávila

Otra cuenta por pagar

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
septiembre 12 de 2013
2013-09-12 02:44 a.m.
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El comunicado no se conoce, ni mucho menos el fallo. Sin embargo, en la noche del martes pasado diferentes medios fueron informados de que la Corte Constitucional había decidido declarar inexequible el ordinal ‘C’ del Artículo 101 de la Ley 1450 del 2011, mediante la cual se promulgó el Plan de Desarrollo de la administración Santos.

El mencionado inciso hace referencia al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) que nació en el 2007, y tuvo como propósito atenuar los picos y caídas en los valores de la gasolina y el acpm que se venden en Colombia. Estos, según una política que empezó a aplicarse desde comienzos del siglo, deben reflejar el costo de oportunidad de venderlos por fuera, un asunto que se ha convertido en un motivo de encono para los consumidores nacionales.

Dadas las elevadas cotizaciones internacionales que llegó a tener el petróleo por esa época, el Gobierno pasado ideó un esquema mediante el cual no tuviera que trasladarle a los consumidores las alzas de forma inmediata, sino que estas fueran compensadas cuando se presentaran bajas. Las ventajas del esquema se vieron a mediados del 2008, fecha en la cual el barril de crudo superó los 140 dólares.

Si en ese momento los colombianos hubieran tenido que pagar dicho nivel a la hora de tanquear, la gasolina habría superado los 13.000 pesos por galón. En consecuencia, el Fepc incurrió en un déficit que fue enjugado meses más tarde, después de que el petróleo se desplomara a una fracción de su marca histórica.

La operatividad del mecanismo fue la que se trató de blindar, mediante su inclusión en una ley en el 2010. No obstante, la Corte consideró que cualquier excedente equivale a un impuesto, por lo cual los precios internos de los combustibles nunca podrán ser superiores al punto de equilibrio, a menos que el Congreso lo autorice de manera expresa.

En otras palabras, si el petróleo sube por cuenta de las tensiones en torno a Siria, el Gobierno tendrá que reajustar gasolina y acpm inmediatamente, porque si el crudo desciende en caso de que retorne la tranquilidad al Medio Oriente, no tendrá cómo enjugar el déficit en el Fepc. Bajo esa lógica, el galón de corriente debería incrementarse ya en 110 pesos, y el de diésel en 527 pesos, para llegar al nivel de paridad en el que no se gana ni se pierde.

Aparte de que los altibajos pueden caer muy mal entre el público, el Ministerio de Hacienda acaba de descubrir, además, que tiene un problema mayúsculo. Y es que de un momento a otro resultó imposible recuperar el faltante que hay en el Fepc, cuyo saldo en rojo al cierre de junio pasado ascendió a casi 3,5 billones de pesos. Como si eso fuera poco, hay un compromiso con los transportadores, en el sentido de dejar quieto el acpm, lo cual aumentará la cuenta pendiente.

De tal manera, y a menos que cambie la política, lo que se viene ahora es un sistema mucho más estricto. A la luz de las cotizaciones actuales de los mercados globales, debería presentarse una subida de precios de forma inmediata, algo que no le va a gustar a la Casa de Nariño que aspira a recuperar su maltrecha popularidad. Claro está que si el petróleo cae a cercanías de los 90 dólares el barril en donde estuvo en el primer semestre, el alivio para los conductores de vehículos será inmediato.

Ante esa situación, lo lógico sería ir al Capitolio con una propuesta sensata. Lamentablemente, el populismo ronda entre los parlamentarios, azuzados por el Partido Liberal que quiere recortar los combustibles en, al menos, mil pesos. Como el remedio puede ser peor que la enfermedad, eso quiere decir que el fisco tendrá que seguir haciendo malabares, mientras en un día lejano hay sobrantes para dejar en cero las cuentas del Fepc, algo que dista de ser la solución ideal. Y es que la cuenta de lo dispuesto por la Corte Constitucional habrá que pagarla, tarde o temprano.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto

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