Ricardo Ávila

El que nada debe...

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
septiembre 17 de 2015
2015-09-17 02:22 a.m.
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Son innumerables los casos en Colombia en los que un buen esquema, destinado a darle un trato privilegiado a labores que se lo merecen por concentrarse en temas de interés general, acaba siendo contaminado por quienes buscan beneficios extraordinarios. Así pasa con las entidades sin ánimo de lucro, que en Colombia ascienden a 69.256, según la cuenta más actualizada que tiene el Ministerio de Hacienda.

A primera vista, lo que hay en el país es una búsqueda masiva del bien común, liderada por personas a quienes las mueven los principios altruistas. Para mostrar hay múltiples casos de instituciones que trabajan en pro de la educación, la salud, el medioambiente o el mejoramiento de diversas comunidades, entre otros asuntos, sin esperar más reconocimiento que el que concede el contribuir a generar mayor bienestar, ya sea individual o colectivo.

Sin embargo, junto a esos ejemplos admirables están los que abusan del sistema. Quien lo dude no tiene más que mirar las fundaciones que acompañan a los dirigentes políticos, o las que son usadas para contratar con el Estado de manera creciente, útiles para hacerle un esguince a las reglas sobre contratación pública.

Un caso aberrante es el de ciertas universidades que tienen dueño o han sido vendidas, a pesar de que, en teoría, eso es imposible. Son las mismas que acaban siendo fuente de millonarias fortunas que, en más de una ocasión, se encuentran por debajo del radar de las autoridades.

Los recursos que se mueven bajo este régimen son considerables. De acuerdo con las cuentas gubernamentales, la suma asciende a más de 100 billones de pesos anuales, que hoy son objeto de un escaso escrutinio. Dado que las normas son laxas, es fácil utilizar el vehículo de una asociación o una fundación para evadir obligaciones fiscales.

El tema no es nuevo, pero en tiempos recientes se ha vuelto más notorio. Debido a ello, una de las tareas que le asignó la administración Santos a la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, que comenzó labores en febrero pasado, fue la de darle una mirada al tema, con el fin de proponer cambios que acaben con los abusos registrados.

El resultado de esa labor se acaba de conocer. Sin entrar en honduras técnicas, los integrantes del cuerpo consultivo propusieron una serie de cambios que suenan razonables. Los más sonados tuvieron que ver con la idea de aplicar una tarifa única del 20 por ciento sobre el excedente fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y la posibilidad de establecer una retención en la fuente, hasta por el 10 por ciento de los ingresos que estas reciban.

En el caso de la primera opción, lo que se obtendría no es mucho, pues implicaría gravar sobrantes que llegan a unos 267.000 millones de pesos, actualmente. Pero quienes saben del asunto señalan que lo importante es la segunda, ya que establece la trazabilidad de los recursos que se mueven. Dicho de otra manera, la Dian tendría en sus manos una nueva herramienta para ponerle un tatequieto a quienes no cumplen sus obligaciones con el fisco.

Además, se sugieren talanqueras para controlar algunos de los peores abusos, como el pago de salarios extraordinarios a los gestores o pagos exorbitantes a los integrantes del consejo de administración. También es importante el incremento de las labores de vigilancia para que la rueda suelta que hoy existe deje de girar.

Ante las iniciativas consideradas, no han faltado las críticas. Y aunque los peligros de castigar a los justos y no a los pecadores deben ser evitados, también hay que aplicar aquello de que, el que nada debe, nada teme. De lo que se trata es de acabar con las entidades que son sinónimo de lucro.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto

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