Ricardo Ávila

Sin derecho de admisión

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
mayo 28 de 2014
2014-05-28 04:16 a.m.
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No es de poca monta la disputa que sostienen desde hace unos meses los canales de televisión privada que existen en Colombia y los operadores del servicio por suscripción. Una controversia que inicialmente se condujo a puerta cerrada, salió a la luz pública recientemente cuando las señales de alta definición que retransmitían estos últimos salieron del aire. Ante lo sucedido, unos y otros han expuesto sus argumentos y es de esperar que las autoridades del caso tomen una determinación en los días que vienen.

Pero más allá de hacer especulaciones sobre la manera en la que deberían zanjarse las diferencias, ha quedado al descubierto un tema que bien podría calificarse de trascendental: el futuro de la señal abierta de televisión digital. En un país en el cual la cobertura del servicio es cercana al 100 por ciento y que tiene como meta dejar atrás el sistema análogo en el 2019, el asunto toca a toda la ciudadanía, esté preparada o no.

Es claro que el punto sobre la contraprestación que buscan RCN y Caracol, por parte de compañías como Claro, UNE, Directv y Telefónica, entre otros, es y debe ser motivo de un análisis cuidadoso de la Autoridad Nacional de Televisión (Antv). En juego no solo se encuentran importantes recursos, sino la eventualidad de que los costos del llamado ‘cable’ se incrementen. Pero más de fondo es la necesidad de hacer algunas consideraciones sobre el futuro de la televisión digital terrestre (TDT), de carácter público y radiodifundida o de ‘aire’, versus los servicios de suscripción, de contenidos pagos.

Para comenzar, el objetivo no deber ser el catalogar a una de las dos opciones como buena y a la otra como una especie de mal necesario. Los servicios privados por suscripción ofrecen contenidos de calidad, en su mayoría de origen internacional. Estos incluyen eventos culturales o deportivos, al igual que opciones de entretenimiento, con la posibilidad de ser vistos en alta definición si el usuario así lo desea y lo paga. Los precios, según las estadísticas disponibles, se han vuelto más competitivos y se ajustan, de acuerdo con el estrato, a los bolsillos de quien desea tenerlos.

Pero, en el mismo sentido, el Gobierno ha debido tener en claro, y necesita hacerlo explícito ahora, que la obligación de llevar los canales de emisión abierta, privados como RCN y Caracol, al igual que los de interés público, nacionales y regionales, no es exclusiva de los operadores de cable. Dicho de otra forma, la opción de recibir esa señal a través del aire, en especial en zonas rurales o de difícil acceso, debe mantenerse y ser preservada. De lo contrario, seguirán las protestas de Canal Tr3ce y varios de ámbito regional, que luchan por un espacio en las parrillas de ciertas empresas por suscripción que no los tienen en su oferta y que, por ende, los dejan sin los televidentes que cuentan con un servicio pago.

El país, con una lentitud que ha obligado a revisar los cronogramas originales y que se constituye en otro caso de ineficiencia estatal, está en un proceso de creación y construcción de una red de televisión digital terrestre que actualmente llega a 11 ciudades principales, en donde se ubica algo más de la mitad de la audiencia. Tan solo entre este año y el pasado, las inversiones superan los 60.000 millones de pesos, pero falta apropiar mucho más para cubrir todo el territorio.

Y aunque en el papel puede sonar atractivo dejarle esa labor a un tercero, lo justo es que el usuario tenga la posibilidad de obtener la señal en alta definición sin costo, con ayuda de un televisor que contenga el sintonizador compatible o gracias a una caja externa adicional que vale hoy en día, hasta unos 180.000 pesos y cuyo precio debería disminuir cuando se masifique la demanda. Es un camino más largo, pero más equitativo, pues un esfuerzo que se apoya en bienes públicos, no puede reservarse el derecho de admisión.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto

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