Ricardo Ávila

Para derrotar el cáncer

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
mayo 26 de 2015
2015-05-26 11:24 a.m.
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Cuando se les pregunta a los colombianos cuál es el principal problema del país, hay dos temas que encabezan la lista. Se trata de la inseguridad y la corrupción. En algunas encuestas, la primera se antepone a la segunda y en otras sucede al contrario, pero no hay duda de que la gente considera que ahí se encuentran un par de tumores que es necesario extirpar a toda costa, si de mejorar las cosas se trata.

Con respecto al crimen, existen percepciones y realidades. Más allá de que la gente considere que el riesgo sobre su vida, honra y bienes sea ahora mayor que antes, las autoridades tienen manera de medir su efectividad en contra del delito.

Capturas de personas, incautaciones de bienes o número de denuncias presentadas en diferentes modalidades tipificadas por el Código Penal, sirven para examinar si la situación mejora o no. Al respecto, las estadísticas muestran un panorama de luces y sombras en el que, por ejemplo, ha bajado el homicidio, mientras la extorsión aumenta.

Sin embargo, en lo que atañe a la venalidad, no hay cifras ‘oficiales’. Todos los datos provienen de sondeos a diferentes grupos de la población, en ciertos casos con más conocimiento de causa que otros. Aun así, es curioso que las calificaciones se parezcan y exista cierta convergencia que revela una tendencia al empeoramiento.

Tal impresión acaba de ser confirmada por la cuarta encuesta nacional sobre Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, resultado de un trabajo conjunto del capítulo local de Transparencia Internacional y la Universidad Externado, que se presenta hoy. El cuestionario fue aplicado en el 2014 entre 673 compañías localizadas en una decena de ciudades, la mitad en Bogotá.

Los resultados son preocupantes. Nueve de cada diez interrogados consideran que en Colombia hay empresarios que pagan coimas en el giro de su actividad. La modalidad más utilizada es la entrega de dinero para agilizar o facilitar trámites y el motivo principal es el cierre de negocios o contratos, según el 76 por ciento de las respuestas. En el caso de las empresas que tienen relaciones con el Estado, el 42 por ciento cree que la razón principal para ofrecer un soborno es por el requerimiento directo o indirecto de beneficios, por parte de los funcionarios.

Pero más inquietante tal vez es que la percepción sobre este flagelo se ha empeorado. Y el argumento más usado es que el uso de prácticas corruptas es casi obligatorio: si no pago sobornos, pierdo negocios, considera el 58 por ciento de los encuestados.

No menos lamentable es la impresión de que el porcentaje del valor de un contrato que se entrega, va en aumento. El promedio ponderado es del 17,3 por ciento, que es casi dos puntos y medio más que el calculado en el 2013. Vale la pena recordar que un estudio sobre probidad, hecho por Confecámaras, llegó a una cifra del 12,9 por ciento hace unos meses.

Ante esa situación, las empresas han puesto en marcha diferentes políticas. Algunas han adoptado una estricta declaración de principios, mientras que otras cuentan con un código de ética, entre varios mecanismos ensayados. Se destaca que 27 por ciento de las sociedades ha hecho una declaración explícita de prohibición total a la hora de ofrecer o recibir pagos.

Aunque existen más matices, en los que abundan luces y sombras, el mensaje del reporte es que se puede hacer mucho más. No solo se trata de fomentar una cultura de integridad, sino de crear canales de denuncia adecuados. Los autores del estudio también recomiendan fortalecer los mecanismos de transparencia con el sector público, aparte de hacerlo con las campañas y los partidos políticos.

Todo lo anterior debe complementarse con un buen conocimiento de la ley y un mayor esfuerzo contra la impunidad. Solo así, el cáncer de la corrupción, que parece haber invadido tantos órganos de nuestra sociedad, empezará a ser derrotado.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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