No hubo una sola voz en contra de la medida. Así podría resumirse la reacción de la dirigencia costeña ayer, una vez se conoció la noticia sobre la liquidación de Electricaribe, ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Tras cuatro meses de intervención, la entidad estaba obligada a tomar una determinación que coincidió con las peticiones provenientes de los siete departamentos de la zona, las cuales exigían borrón y cuenta nueva.
Muy diferente, sin embargo, fue el tono del comunicado expedido por Gas Natural Fenosa desde Barcelona. A lo largo de tres páginas la multinacional de origen español, dueña mayoritaria de la firma colombiana, rechazó la determinación y se encargó de dar los argumentos que serán la base de la cuantiosa demanda que presentará ante las instancias internacionales. Aunque la cifra todavía no se conoce, el monto reclamado superaría con creces los 475 millones de euros que aparecen en el balance de la sociedad ibérica.
Por lo tanto, el Gobierno colombiano está obligado a actuar en dos frentes distintos. El primero es garantizar el suministro de un servicio cuya mala calidad es conocida y que no tiene solución inmediata a la vista, pues la operación actual no deja remanentes para hacer inversiones que superan el billón de pesos y que aumentarían la confiabilidad de la red.
La posibilidad de un apagón es menor ahora, debido a las garantías entregadas por el Estado a los generadores que venden su energía al sistema interconectado. No obstante, hay un desajuste financiero que podría aumentar si se descuidan los controles y no mejoran los índices de cobro de lo facturado.
'En sus aspiraciones, Gas Natural Fenosa estará acompañada por el gobierno español, cuya cancillería ayer habló del caso'
COMPARTIR EN TWITTEREn consecuencia, es clave que los mismos líderes políticos que manifestaron su júbilo en la víspera comprometan a alcaldes y gobernadores para que las instituciones a su cargo se pongan al día, entre otras acciones. De lo contrario, el saldo en rojo tendrá que ser enjugado por todos los colombianos que ahora son los dueños de un lío de marca mayor.
Al tiempo que aquí es perentorio que los asuntos de Electricaribe se manejen con el mayor profesionalismo posible, y con el respaldo de las fuerzas vivas de la región, el Ejecutivo está obligado a preparar su defensa en los tribunales foráneos. El motivo es que así a los colombianos les parezca lógica la salida de la liquidación, el planteamiento de Gas Natural Fenosa puede tener eco más allá de las fronteras nacionales.
Palabras más, palabras menos, lo que sostiene el conglomerado con sede en Cataluña es que el negocio no tenía posibilidad alguna de salir adelante debido a que las normas, las sentencias de las cortes y la falta de efectividad de la justicia en el país, hacen imposible recuperar la cartera morosa y sanear el balance. Para citar un ejemplo concreto, de 16.000 denuncias presentadas por conexiones ilegales o alteración de contadores, tan solo se han logrado 85 condenas.
En sus aspiraciones, Gas Natural Fenosa estará acompañada por el gobierno español, cuya cancillería ayer se pronunció sobre el caso. Que Madrid piensa apretar en diferentes instancias fue evidente tras la mención de que lo sucedido va en contra de los principios de la Ocde, el club de 35 países al cual Colombia desea sumarse.
Así las cosas, hay que extremar las precauciones y definir una estrategia que requiere supervisión permanente. En el mejor de los casos, mientras Colombia consigue que su alegato se imponga, será posible encontrar postores para recibir los activos de la compañía que entra en liquidación, los mismos que estarán obligados a invertir sumas importantes para romper el círculo vicioso de los apagones que se utilizan como excusa para no cancelar las facturas pendientes.
Pero hay que ser conscientes igualmente de los riesgos eventuales, que incluirían una condena muy onerosa. Esa es la razón por la cual es obligatorio aplicarse, con el fin de que aquí el remedio no sea peor que la enfermedad.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto