Ricardo Ávila

Después de la tragedia

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
octubre 16 de 2013
2013-10-16 02:45 a.m.
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Una parte de la valla en la que se anuncian apartamentos disponibles en el proyecto Space, en Medellín, todavía sigue en pie, junto a un teléfono que nadie contesta: el 352-3004 de la capital antioqueña. Un poco más atrás comienza la pila de escombros que se formó tras la caída el sábado de la torre seis del conjunto en desgracia, ubicado en el barrio El Poblado, en una ladera de la loma del Padre Marianito.

Desde la fecha de la tragedia, las imágenes le han dado la vuelta al mundo. No es usual que una construcción de este tamaño se desplome por razones estructurales, y los episodios similares en los últimos meses se cuentan con los dedos de una mano. Estos incluyen, en el 2012, el edificio Liberdade en Río de Janeiro –que acabaría llevándose a dos más de la metrópoli brasileña–, o el Rana Plaza en Daca (Bangladesh), con un saldo de 1.127 personas muertas, en abril pasado.

A la luz de la magnitud de lo sucedido, es evidente que el tema no se puede tratar como un asunto aislado en el cual la acción de las autoridades, al decidir la evacuación de los apartamentos comprometidos, fue determinante para que el saldo de fallecidos y desaparecidos no fuera sustancialmente mayor. Y es que una cosa es atender debidamente las necesidades de los familiares de las víctimas o las justas demandas de reparación de los damnificados, y otra garantizarle al público en general que eventos como el ocurrido no volverán a repetirse jamás en el territorio nacional.

Ese, el de la confianza en la calidad de las obras que se hacen en Colombia, es el asunto crucial ahora. Contra lo que pudiera pensarse, este no requiere solamente una mirada a las normas a cumplir, que, por cierto, han venido teniendo actualizaciones periódicas, como ocurre en el caso de la sismorresistencia. Tampoco basta con un examen de las competencias que tienen los mandatarios municipales, con el fin de que se hagan controles obligatorios y a tiempo por parte de entidades especializadas, sin que la corrupción asome su cara.

De tal manera, es crucial que sea el propio sector privado el que tome el liderazgo del tema. En concreto, los gremios respectivos son los llamados a dar ejemplo en el sentido de exigirles a sus afiliados cumplir con los estándares fijados y, de ser posible, proponer mejoras en la legislación para que las cosas se hagan cada vez mejor. Por el contrario, una actitud defensiva, que busque minimizar lo sucedido, sería radicalmente equivocada, pues el colegaje mal entendido acabará influyendo sobre el dinamismo de un mercado que venía comportándose bien y que tiene espacio para que le vaya todavía mejor.

La razón de que las condiciones sean propicias está asociada al crecimiento de la economía colombiana a lo largo de los años pasados, la cual se ha traducido en una baja en el desempleo y un aumento en el ingreso disponible de cientos de miles de familias. La mayor demanda de vivienda toca a todos los estratos, complementada por el programa gubernamental de 100.000 casas gratis para los más pobres.

Como consecuencia del mayor apetito a la hora de comprar, el área licenciada ha alcanzado niveles sin precedentes, más allá de los altibajos mensuales. De forma paralela, los precios también han tenido un impresionante repunte y están en su nivel más elevado desde cuando se llevan este tipo de estadísticas. En lo que hace a Medellín, el incremento entre el cuarto trimestre del 2006 y el segundo de este año llegó al 77 por ciento, según el Dane. En el caso de Bucaramanga o Bogotá, la espiral ha sido todavía más pronunciada, pero la capital antioqueña no se encuentra mucho más atrás.

Así las cosas, es el momento de dar las señales adecuadas. Y estas comienzan por tranquilizar al público sobre la calidad de las edificaciones, con el fin de dejar en claro y de manera contundente que en esta materia el país no tiene fallas estructurales.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: ravilapinto

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