Hace un par de días el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, presentó el balance de sus primeros 100 días de gestión. Si bien la insatisfacción de los bogotanos con respecto a lo hecho por el Palacio Liévano todavía es notoria, la lista de realizaciones es amplia y da pie para tener cierto optimismo con relación al futuro de la capital, sin desconocer que será necesaria una buena dosis de paciencia antes de que se vea el cambio.
No obstante, más allá de lo que dice el libro blanco, que revela los deplorables excesos cometidos durante la administración de Gustavo Petro, a veces se cometen errores innecesarios. Entre el corte de cuentas que ha hecho la nueva alcaldía, ha salido a la luz pública el escandaloso caso del gerente de la filial en Guatemala de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) quien, abusando de su posición, utilizó recursos de la sociedad para sus gastos personales y adquirió sin justificación costosos vehículos.
El caso, que se conoció por la denuncia hecha en los medios de comunicación por la gerente de la entidad, puede ser pequeño frente a los multimillonarios desfalcos del ‘carrusel’ de la contratación, pero es sintomático de esa funesta cultura de apropiación privada de los recursos públicos y debe ser sancionado con severidad. Aun así, una reflexión frente a lo ocurrido vale la pena. Aunque ventilar estas cosas siempre es sano, una cosa son las diferencias que deben existir entre los intereses políticos y los específicamente empresariales, en especial en compañías que además tienen accionistas privados y están en el mercado público de valores.
De tal manera, habría sido deseable que al hacer conocer lo ocurrido, la EEB informara que los abusos del funcionario no fueron descubiertos este año, sino que se trata de hallazgos realizados por la auditoría interna desde hace diez meses. Tampoco informó que desde ese momento se castigaron las indelicadezas y se adoptaron los correctivos necesarios para que no se volvieran a repetir, algo que en su momento se comunicó durante el empalme que tuvo lugar entre mandatario entrante y saliente, a finales del año pasado.
Ante lo sucedido, más de un analista se ha hecho la pregunta sobre si el afán de contestarle a Petro los continuos dardos que envía –en más de una ocasión en contra de la verdad, dando muestras de un sectarismo preocupante–, condujo a un error de juicio.
No hay duda de que este proceder es usual en el mundo político, pues el gobernante de turno busca mostrar las falencias de sus antecesores.
El riesgo es que la controversia acaba impactando negativamente el valor de un activo de primera importancia. Quizás ese es el motivo de por qué en el mundo empresarial prevalece la máxima de que, en lo posible, ‘la ropa sucia se lava en casa’, lo cual no quiere decir que se cohonesten los abusos, sino que se sancionan y corrigen con severidad, pero con discreción y controlando la exposición mediática, pues lo fundamental es la imagen y la reputación de la marca y no el lucimiento de sus ejecutivos, que siempre son transitorios.
Aunque el socio mayoritario de la EEB es el Distrito, se trata de una firma con accionistas privados, y, además, listada en la Bolsa de Valores. El precio de su título está sujeto a las percepciones del mercado, lo mismo que los costos y sus posibilidades de financiación en el sector financiero.
Por tal razón, hay que pensar muy bien el efecto de denuncias que pueden tener consecuencias indeseables. De lo contrario, sacar trapos el sol puede resultar contraproducente, aparte de discutible.
Ya en el caso de la ETB, existen opiniones divididas sobre la forma en que se ha cuestionado lo hecho por la gerencia pasada, justo cuando la ciudad aspira a vender la participación que tiene en ella. Ahora, la polémica se extiende a la Energía, cuya obligación es mirar hacia adelante y no buscar ahogados río arriba, sobre todo si estaban sepultados.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto
Editorial
Sin dispararse en el pie
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