Por fin, más de seis semanas después de que se conoció la propuesta original, ayer fue radicada en el Congreso la ponencia que contiene los cambios al proyecto de reforma tributaria presentado el 19 de octubre. Incluso en un país acostumbrado a meterle manos al asunto, es difícil encontrar antecedentes de una espera parecida, sobre todo cuando el cronograma apremia, pues quedan menos de 15 días de sesiones.
Sin embargo, las discusiones no resultaron ser nada fáciles ante las posturas de los parlamentarios escogidos para examinar el articulado inicial. En más de una ocasión, la esperanza de que surgiera el humo blanco se pospuso y hasta última hora se hicieron modificaciones importantes.
El resultado es un texto menos ambicioso en varios sentidos. En primer lugar, el verdadero cambio estructural –que era el propósito central de este esfuerzo– quedó aplazado para otra oportunidad. Las resistencias fueron de tal magnitud, que para muchos resultó ser más digerible aumentar el IVA en tres puntos porcentuales que redistribuir las cargas entre diversos tipos de contribuyentes.
Lo anterior quiere decir que en materia de impuestos a la renta, el peso seguirá siendo soportado por las empresas. En contraste, las personas no verán aumentado su esfuerzo, con excepción de las que reciben dividendos. Para los legisladores, ampliar la base de contribuyentes y exigirles más sacrificios a los asalariados era algo injustificable, a pesar de que en las comparaciones internacionales estamos por debajo de nuestros pares.
El tan mentado cambio estructural en los impuestos quedó, entonces, aplazado para una próxima oportunidad
COMPARTIR EN TWITTERAsí las cosas, las sociedades tendrán una tarifa del 33 por ciento que es inferior a la que regiría el año que viene, pero que todavía supera con creces lo que se ve en México, Perú o Chile. Ello puede traer costos que, por ahora, no son evidentes, en lo que atañe a inversión privada y creación de empleos formales. En resumen, el anhelo de mejorar más en lo que atañe a la competitividad regional quedó truncado, entre otras razones porque los empresarios se preocuparon más por defender sus intereses individuales que por obtener un buen balance colectivo.
Una demostración de eso se vio con el entierro de tercera que sufrió la intención de gravar las bebidas azucaradas. En lugar de que se diera un debate abierto sobre un tema respecto al cual hay planteamientos de lado y lado, la aplanadora del cabildeo entró en marcha. Dado el ambiente que existe en el mundo es previsible que el asunto volverá a plantearse en el futuro, pero por ahora quedó claro quien ganó la batalla.
La lista de modificaciones es extensa y necesita ser digerida por los especialistas. El problema es que no hay tiempo, pues el calendario es inflexible. Contar con tan pocos días para ventilar las cosas es lamentable, porque la posibilidad de errores que salen caros aumenta.
No menos complejo será sortear los pasos que vienen. Todo indica que la discusión en el Congreso no será fácil, ya que la oposición se la juega a hundir el proyecto, mientras que los integrantes de la Unidad Nacional se hacen los difíciles, con el propósito de conseguir cupos indicativos que vendrán cuando llegue el momento de una adición presupuestal.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda deberá resignarse a contar con mucho menos dinero del que pensaba inicialmente. En el 2017 la diferencia es de un billón de pesos menos que en la versión de octubre, mientras que en el 2018 esa suma sube a 2,5 billones y crece de manera sustancial a partir de ahí.
Si la versión recortada pasa el escrutinio de las calificadoras de riesgo, es algo que está por verse, incluso sin tener en cuenta que más de uno quisiera dejar la tarifa del IVA en el 18 por ciento. No obstante, para una administración debilitada por la impopularidad, lo conseguido funciona, a pesar de que todavía no puede cantar victoria, Y es que la historia de la tributaria del 2016 no se ha terminado de escribir aún.
Ricardo Ávila
Director de Portafolio
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto