Quienes se precian de saber del tema, afirman que ahora sí es inminente un revolcón ministerial en el Gobierno. La cercanía de la fecha límite de las inhabilidades habría llevado al propio Juan Manuel Santos a pedirle a los integrantes de su gabinete, que aparecen en uno que otro ‘sonajero’ presidencial, que definan cuanto antes si desean lanzarse al agua. A ese grupo hay que agregarles a quienes desean retirarse, o los fusibles que el mandatario considere ‘quemados’.
Sin entrar en el juego de nombres posibles, propio de la época de renovación de los titulares de varias carteras, es claro que el Gabinete que ejercerá durante el remate de la administración no será un equipo de trabajo de mero trámite, cómodamente concentrado en darle un curso vegetativo a locomotoras que avanzan a velocidad de crucero. Muy por el contrario, el equipo encargado de esta última etapa llegará a pedalear en plena cuesta, por lo cual es aconsejable que los que arriben, vengan preparados, y los que sigan, cuenten todavía con aire suficiente para lo que falta.
Y es que el terreno a transcurrir se ve desafiante por cuenta de un nuevo año de desaceleración económica, enmarcado en un pesimismo notable y una fuerte crisis institucional. En este contexto, las principales fichas del Ejecutivo tendrán el enorme desafío de lograr una rápida seguidilla de victorias tempranas en la agenda del posconflicto, aparte de completar la agenda de reformas pendientes que pasa por los proyectos que hacen tránsito en la legislatura. La responsabilidad es de tal magnitud, que podría decirse que serán los nuevos ministros los que definirán, de cara a la historia, buena parte del legado de la era Santos.
"La presunción de honestidad debe imperar si se quiere que los que asumen el desafío de ocupar cargos estatales sean exitosos".
COMPARTIR EN TWITTERAunque candidatos para subirse a los carros oficiales nunca faltan, el reto es conseguir gente capaz y comprometida con la hoja de ruta ya definida. Al respecto, vale la pena recordar que los incentivos para ingresar al servicio público parecen ser cada vez menores. El estatuto anticorrupción, que por defecto penaliza el trabajo de los especialistas impidiéndoles trabajar en su ramo durante dos años después de haber abandonado al sector estatal, se combina con el innegable riesgo reputacional y jurídico que afronta un funcionario ejecutor. Dichos riesgos, quiérase o no, se desbordan en escenarios políticos enrarecidos, donde la cacería de brujas se lleva por delante a profesionales ejemplares bajo argumentos altamente subjetivos.
Como si lo anterior fuera poco, alguien competente que acepte ser ministro seguramente sacrifica parte de su capital para afrontar la diferencia salarial. Autores como Arvin Lukauskas señalan que el sueldo puede ser inferior a la mitad de lo que recibiría el mismo individuo en el sector privado.
Así las cosas, vale la pena hacerles un reconocimiento a aquellos que, movidos por el interés de trabajar honestamente por el bien común, acepten asumir el reto. Dados los riesgos actuales, es menester subrayar que en numerosas ocasiones se pueden constatar casos de personas que anteponen los intereses del país a los particulares, en más de una oportunidad movidos por la creencia de que las cosas pueden ser mejores.
Responder con burlas a la mística que a veces se encuentra en el servicio público es fácil.
Sin embargo, en una sociedad donde los linchamientos a través de las redes sociales llegan mucho antes que las mismas oportunidades para mostrar resultados, es obligatorio pensar en quienes estarán al frente de lo público en esta última etapa de la administración e impulsarlos a hacer la cosas bien.
Sin ser condescendientes, la presunción de honestidad y competencia debe imperar si se quiere que los que asumen el desafío de ocupar altos cargos estatales sean exitosos. La desbandada definitiva de técnicos y gerentes en lo público solo nos dejaría, como en la mayor de las tragedias, la certidumbre de quedar en manos de quienes no tienen nada que perder.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto