Ricardo Ávila
Editorial

El poder subido en la cabeza

La impunidad protege a cierta categoría de funcionarios que hace mucho olvidaron aquel precepto de que el bien común prima sobre el particular.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
septiembre 12 de 2016
2016-09-12 12:16 a.m.
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Se escuchan todavía en el país las reacciones en torno a la determinación del Consejo de Estado de declarar inválida la reelección del Procurador General de la Nación a finales del 2012.

Más allá de los argumentos del tribunal, la atención se centró en la afirmación de la cabeza del ente de control al atribuir lo ocurrido a un pacto entre el Gobierno y las Farc en La Habana, a pesar de que el proceso en su contra llevaba años en trámite.

La declaración de despedida de Alejandro Ordóñez tuvo un tinte claramente político, lo cual, sumado a su promesa de que seguirá en la arena pública, hace pensar que optará a un cargo de elección popular en un futuro cercano.

Cualquier aspiración venidera que tenga es legítima, una vez regrese a la vida privada. En cambio, resulta criticable que use su cargo como trampolín mediático, una práctica que se ha vuelto cada vez más usual en los últimos tiempos en Colombia.

Lo sucedido podría calificarse como un irrespeto a los principios de probidad que deberían ser el único norte de quienes ocupan un cargo estatal. Es muy diferente que el buen desempeño en la responsabilidad que recibe le permita a un funcionario ser reconocido por los ciudadanos y otra que este comience a mover las fichas que le convienen mientras ocupa su despacho.

Entre esos manejos censurables se encuentran los nombramientos de personas por factores diferentes a sus capacidades y el uso de los recursos del presupuesto con el fin de pagar favores recibidos o por recibir.

Ambas circunstancias llevan a que se profundice la debilidad institucional, algo que afecta incluso la propia legitimidad de la democracia.

Aunque ese fenómeno parece haberse generalizado, llama la atención que en ciertos casos los asuntos se llevan mal sin que nada suceda. Un ejemplo reciente es el de la Fiscalía General en épocas de Eduardo Montealegre, cuyos manejos no habrían resistido el examen de una buena auditoría en el sector privado.

La lista de excesos es infinita, y va desde la adquisición de un jet hasta el otorgamiento de contratos de asesoría millonarios,
pasando por la creación de una especie de servicio diplomático para enviar al exterior a un buen número de personas, o el mantenimiento de un cuerpo de seguridad que rivalizaba en dotación con el del Presidente de la República.

La fracasada iniciativa de creación de una universidad o el abuso en la figura de las comisiones con el fin de que centenares de fiscales recibieran un sobresueldo, también afectó las finanzas del ente investigador, además de los viajes internacionales.

Todo lo anterior contrasta con los pobres resultados en materia de agilidad de la justicia, para no hablar de la lentitud de procesos emblemáticos como el de Saludcoop, o la entrega de beneficios por colaboración a las cabezas de InterBolsa.

Un esfuerzo de cuantificar las equivocaciones y las ineficiencias daría como resultado la pérdida de decenas de miles de millones de pesos que se esfumaron sin que nadie pudiera hacer algo al respecto, so pena de haber sido acusado de interferir con la autonomía del Poder Judicial.

Esa reflexión es válida ahora que Jorge Perdomo, el número dos de Montealegre, es uno de los candidatos a ser elegido Procurador por parte del Congreso, tras haber sido ternado por la Corte Suprema de Justicia.

Aparte de las denuncias relativas a que ha sido un activo participante del carrusel de favores que enloda la reputación de los altos tribunales, su responsabilidad en los excesos descritos debería ser suficiente para sacarlo de la carrera por el Ministerio Público.

Sin embargo, es muy dudoso que así sea. La razón es que la impunidad protege a cierta categoría de funcionarios, a pesar de que hace mucho olvidaron aquel precepto de que el bien común prima sobre el particular. Y hasta que el delito de megalomanía no esté tipificado en el Código Penal, casos como los mencionados serán más la norma que la excepción.

Ricardo Ávila Pinto
Director Portafolio
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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