En un país que mira con resquemor al sector extractivo, es fácil irse en contra del fallo adoptado por la Corte Constitucional la semana pasada, el cual dejó sin piso jurídico la consulta popular realizada el 4 de junio del 2017 en el municipio de Cumaral, en el Meta.
Para los detractores del alto tribunal, este acabó sacrificando el bienestar de una comunidad que votó por una mayoría abrumadora en contra de la extracción de petróleo en su territorio.
Sin embargo, una mirada menos apasionada al texto del comunicado muestra que la argumentación es impecable. La sentencia ratifica no solo que el subsuelo pertenece a la Nación como lo establece la Carta Política, sino que el mecanismo de las consultas –cuando estas se desarrollan en el rango municipal– “no pueden recaer sobre asuntos ajenos a la competencia” de las autoridades locales.
Puesto de otra manera, el Gobierno Central tiene la potestad de conceder un permiso de explotación, ya sea a través del otorgamiento inicial de un título minero o de un contrato de asociación o de concesión y la posterior obtención de autorizaciones que permitan la extracción de la riqueza ubicada bajo la superficie de la tierra. A cambio el Estado recibe el pago de impuestos y regalías que sirven para beneficiar a toda la ciudadanía. Debido a ello, el interés de la sociedad en su conjunto se superpone al de una población, sin desconocer que la participación ciudadana tiene un espacio y que deben existir mecanismos de coordinación y concurrencia para oír la voz de las regiones.
Pero lo anterior no quiere decir que el tema termine ahí. Es clave la exhortación al Congreso para que este tome cartas en el asunto y expida una ley que incorpore criterios que vayan desde el enfoque territorial hasta la sostenibilidad fiscal, pasando por la inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploración y explotación del subsuelo, entre otros. Es de imaginar que cuando el asunto llegue al Capitolio volverá a darse un tire y afloje importante, pues hay posturas de diversa índole.
No obstante, cualquiera sea el resultado, el proceso será muy distinto al de crear realidades políticas de hecho que, en la práctica, les venían cerrando las puertas a los proyectos relacionados con la minería, el petróleo y eventualmente la generación de energía. Esa tendencia hacía que la palabra de las instituciones estatales tuviera una validez relativa, pues en último término había formas de desconocerla.
Por tal razón, se puede afirmar que la inseguridad jurídica que parecía venir en aumento por cuenta de varias sentencias judiciales, es menor ahora. Lo anterior no quiere decir que los proyectos que habían quedado en veremos se encuentren con el camino allanado, pero al menos se despeja una zona gris que llevó a más de una empresa a aplicar ese refrán de ‘ante la duda, abstente’.
El efecto de la determinación no es menor. Aparte de las nueve consultas ya finalizadas, se contaban 54 en proceso de realización y casi cien más que habían superado el hito de un acuerdo del concejo municipal o estaban en proceso de hacerlo. Ahora esas votaciones quedarán en veremos a menos que la pregunta que se haga esté relacionada con el uso del suelo, para citar un caso en el cual las administraciones locales son competentes.
Queda mucha tela por cortar, claro está. Por eso es tan importante que el Congreso haga el oficio de legislar y no delegue en la jurisprudencia la fijación de las reglas de juego. Debido a ello, vale la pena tomar en serio lo dicho por la Corte que, en uso del sentido común, volvió a señalar que el Poder Legislativo debe estar a la altura de sus responsabilidades. Ojalá haya parlamentarios que tomen esa admonición en serio y hagan lo que les corresponde, para que el sector extractivo sepa, de verdad, a qué atenerse.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto