No se conoce todavía el texto del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno deberá llevar al Congreso, con el fin de cuadrar las cuentas del presupuesto nacional del 2015, y las polémicas ya comenzaron. Y son varias, porque hay más de un debate en marcha, pues dependiendo del analista o del sector afectado, cada cual tiene su visión del asunto.
Sobre lo único que hay certeza por el momento, es con respecto a los parámetros generales de la propuesta que planea hacer el Ejecutivo. Tal como lo dijo el propio Ministro de Hacienda, la meta es conseguir los 12,5 billones de pesos que se requieren para financiar plenamente el programa de gastos e inversiones del próximo año. Las fuentes serían la prórroga del desmonte del gravamen a las transacciones financieras, la adopción de un nuevo impuesto al patrimonio y una serie de medidas contra la evasión.
En el caso de las dos primeras, los expertos coinciden en que se trata de tributos que son técnicamente cuestionables. El cuatro por mil estimula el uso de efectivo y hace difícil que los esfuerzos para vincular más personas al sistema bancario -un requisito para conseguir ganancias en eficiencia y productividad- se puedan conseguir. Por su parte, castigar a los contribuyentes de mayor solidez patrimonial tiende a desestimular la acumulación de activos productivos y a promover el apalancamiento excesivo.
Sin embargo, no hay duda de que en el Capitolio es más fácil sacar adelante un remedio que ha sido ensayado en oportunidades anteriores que irse por uno nuevo. Dadas las circunstancias políticas y la actitud de la opinión, el Ejecutivo prefiere repetir la dosis, tratando de guardar sus esfuerzos a la hora de las votaciones para conseguir herramientas destinadas a caerle con fuerza a los evasores.
Aun así, vale la pena tener en cuenta las observaciones de los expertos. Parte de ellos es liderada por Fedesarrollo, que afirma que la situación de las finanzas públicas es más compleja de lo que se acepta. Tanto el requisito de reducir el déficit que viene con la regla fiscal -que es obligación legal- como los menores ingresos atribuibles al fin de la bonanza en los precios del petróleo, reducen el margen de maniobra actual.
A lo anterior hay que agregarle el costo de las promesa hechas en la campaña presidencial, que incluyen compromisos en educación y otros programas sociales. Cuentas hechas a mano alzada llevan a la conclusión de que se requieren entre 15 y 18 billones de pesos en recaudos adicionales para mantener la casa en orden.
Por otra parte, están quienes dicen que el país lo que necesita es una cirugía de fondo en materia tributaria, con el fin de evitar la perversa costumbre de tener que ir al Congreso anualmente para tapar un hueco aquí o financiar una nueva necesidad allá. Semejante admonición se extiende a escenarios como el de un eventual posconflicto, que obligaría a la sociedad colombiana a hacer un esfuerzo fiscal muy superior al actual.
Bajo ese escenario, lo lógico sería reacomodar las cargas de una vez por todas , algo que obliga a mirar temas difíciles, como la tarifa y la cobertura del impuesto al valor agregado o la ampliación de la base de contribuyentes en renta. El desafío de ponerle el cascabel al gato no es sencillo, como lo demuestra la actitud de los parlamentarios en ocasiones pasadas, quienes prefieren las salidas de corte populista. También hay que mencionar la influencia de los que se dedican al cabildeo y logran, mediante el cambio de una coma o la aprobación de un inciso, mantener las prebendas de sus clientes.
Y aunque la posibilidad de que Juan Manuel Santos se decida por esta opción es cercana a cero, el mensaje de fondo debería escucharse, pues patear el problema hacia adelante no lo resuelve. De lo contrario, es indudable que la discusión que hay sobre los impuestos será la primera, pero no la última.
Ricardo Ávila Pinto
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