Ricardo Ávila
Editorial

En espera de una cirugía

Las posibilidades de que varíe la manera de adelantar el control fiscal en el país son bajas, así sea claro que lo que hay no funciona.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
noviembre 21 de 2016
2016-11-21 10:43 p.m.
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Cuando en agosto pasado el representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, radicó un proyecto de acto legislativo encaminado a reemplazar la Contraloría General de la Nación por un tribunal de cuentas al estilo europeo, pocos le auguraron éxito en su intento. Pese a que los argumentos presentados merecían una discusión de fondo, la verdad es que nada hace pensar que la iniciativa avanzará en su trámite, el cual requiere la aprobación tras ocho debates en comisiones y plenarias, al menos en dos periodos de sesiones distintos.

La razón central de la falta de entusiasmo de los parlamentarios es que todo favorece al statu quo, que no es otra cosa que dejar las cosas como están. Quienes han estudiado el asunto dudan que aquí funcione un modelo que opera en algunos países mediterráneos y que llegamos a heredar de la corona española hasta que en 1923 nació la entidad actual, producto de las reformas que también le dieron vida al Banco de la República.

Aun así, la ocasión ha servido para que el actual contralor, Edgardo Maya, traiga a colación un par de ideas. La primera podría concretarse pronto y tiene que ver con quitarle a la Contraloría la función de realizar juicios de responsabilidad fiscal. Según lo ha dicho el actual jefe del organismo, ello deslindaría la parte de investigación de la de buscar reparación, tal como sucede -guardadas las proporciones- en el campo penal. Aquí, lo que se crearía es una corte de cuentas, cuyo propósito sería recuperar los dineros estatales que se malversen.

La segunda parte de la ecuación es la de eliminar las 32 contralorías departamentales y las 30 municipales que hoy existen, para que todo quede bajo una sola cabeza. De acuerdo con la idea, una cosa es la descentralización y otra el control fiscal, que debería seguir centralizado para así aplicar criterios coherentes en diferentes niveles de la administración pública.

Lo peor es que existen 32 contralorías departamen- tales y 30 municipales, cuya relación costo beneficio es negativa.

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Aunque llamativa sobre el papel, la propuesta tiene sus bemoles. El más evidente de todos es la conformación de una institución que sería muy superior en tamaño a la actual, y a la cual se incorporarían los empleados que vendrían de las instancias que desaparecen. De tal manera, no habría necesariamente mejoras en eficiencia al eliminar duplicidades, ni mucho menos una reducción de costos.

Más inquietante quizás es lo que sucedería al juntar manzanas buenas con podridas. Tal como lo ha señalado de forma insistente Transparencia por Colombia, las contralorías departamentales y municipales se encuentran, en su mayoría, en un riesgo de corrupción elevado, que supera incluso al de sus vigilados. La ausencia de meritocracia es la norma, cuando no la descarada asignación de cargos por componendas políticas.

Si en algo están mal invertidos los fondos públicos es en entidades que recuperan recursos o evitan pérdidas inferiores a lo que se gastan en funcionamiento. Por ejemplo, en Bogotá el capítulo distrital tiene poco para mostrar, más allá de que en el pasado participó en el tristemente célebre ‘carrusel’ de la contratación. Lejos de dar ejemplo de austeridad, su actual titular le acaba de proponer al Concejo la creación de 69 cargos por valor de 9.055 millones anuales, pues los 976 puestos que existen le serían insuficientes.

De tal manera, una verdadera cirugía debería conducir a la desaparición de las instancias locales y regionales, lo cual ahorraría cerca de medio billón de pesos anuales que hoy salen de los entes territoriales. Por su parte, la Contraloría General también está en mora de una reforma, que ojalá desemboque en una planta de personal reducida que sea capaz de usar la tecnología de manera adecuada, y esté capacitada en técnicas modernas de control.

Si eso no sucede, los colombianos seguirán creyendo que este es otro de esos casos en los cuales las cosas no funcionan, y que la venalidad no tiene realmente quién la ronde.


Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto

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