Ricardo Ávila
Editorial

En manos del Congreso

Así no hay incluido todas las propuestas de la comisión de expertos, el texto de la reforma tributaria es más audaz de lo esperado.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
octubre 19 de 2016
2016-10-19 09:10 p.m.
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Un conocido dicho afirma que la política es el arte de lo posible. Algo así podría decirse de las reformas tributarias, a raíz de la propuesta que este miércoles radicó el Ministro de Hacienda en el Capitolio, tras conseguir que el Senado y la Cámara le dieran su bendición al presupuesto general de la Nación para el 2017.

Y es que el extenso texto, de 311 artículos, recoge la mayoría de los planteamientos hechos por la comisión de expertos que entregó sus recomendaciones a finales del año pasado. Aun así, hay excepciones notorias que seguramente extrañarán los técnicos, pero cuya aprobación habría sido imposible, en medio de un clima de opinión hostil. Tal es el caso de ampliar la base del IVA o gravar a las pensiones, ideas que fueron desechadas por el alto Gobierno.

No obstante, el proyecto de ley es más ambicioso de lo que muchos llegaron a pensar, pues pisa un buen número de callos, eleva tarifas y castiga a uno que otro sector. En términos generales, la iniciativa responde al propósito de ser estructural, pues no solo redistribuye las cargas entre diferentes tipos de contribuyentes, sino que simplifica una gran cantidad de normas, con lo cual cumplir las obligaciones con el fisco se volvería más sencillo.

Así no hay incluido todas las propuestas de la comisión de expertos, el texto de la reforma tributaria es más audaz de lo esperado.

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En lo que atañe a las empresas, se consigue el objetivo de bajar las tarifas de renta con el fin de hacer más competitivas las condiciones para la inversión. Especialmente destacable es introducir la deducción del IVA pagado en la compra de bienes de capital que encarece la maquinaria y nos deja en condiciones inferiores a otras economías de Latinoamérica.

Por su parte, las personas naturales harán un esfuerzo adicional y especialmente los asalariados de mayores ingresos. Aunque muchos rechazarán que se rebaje la vara a partir del cual es obligatoria la declaración de renta, lo cierto es que el pago en los niveles más bajos será de orden menor. No obstante, cobijar a más gente dentro de este requisito es un elemento clave en el propósito de combatir la evasión de impuestos.

Quien lo dude no tiene más que examinar la intención de castigar con penas de cárcel a quienes hagan caso omiso de sus obligaciones tributarias o ensayen esquemas fraudulentos para eludirlas, a partir de cierto monto. Penas de hasta nueve años de cárcel parecen menores frente a lo que ocurre en otras latitudes, pero convencer a los parlamentarios de que acepten el punto, significaría un rompimiento frente a ensayos previos.

En el mismo sentido se clasifica el régimen especial que regiría para las entidades sin ánimo de lucro, una figura que ha permitido incontables abusos. Sin desconocer que son numerosas las instituciones que prestan un servicio encomiable, aquí el desafío consiste en separar el oro de la escoria.

De otro lado, es indudable que habrá polémica sobre el impuesto al consumo de bebidas azucaradas y al de cigarrillos. Más allá de que el primero nutrirá las arcas nacionales y el segundo las regionales, industriales y comerciantes se rasgaron las vestiduras ante un esquema de mayores contribuciones. Aunque de otro orden, tampoco caerá bien afectar los combustibles, mientras que subir la tarifa del IVA del 16 al 19 por ciento no será fácil en el Congreso.

En general, la iniciativa responde
al propósito de ser estructural, pues redistribuye cargas y simplifica ciertas obligaciones.

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Conseguir las mayorías parlamentarias requeridas para que la propuesta se convierta en Ley puede calificarse como un desafío mayúsculo. El rechazo de los liberales, la actitud ambivalente de los conservadores y la oposición del Centro Democrático y otras bancadas hace pensar que la suerte del proyecto no está asegurada.

Falta ver, además, las modificaciones que llegarán, aparte del poder del cabildeo para cambiar un inciso aquí y una coma allá. Por ahora, la reforma generaría recaudos adicionales de siete billones de pesos el próximo año y de casi diez en el 2018. Si eso es del agrado de las firmas calificadoras de riesgo es algo que no se sabe aún, pero mucho más complejo será obtener la luz verde de la Cámara y el Senado.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ricavilapinto

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