Ricardo Ávila

El final de un paraíso

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
octubre 09 de 2014
2014-10-09 02:12 a.m.
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Para la gran mayoría de los colombianos, el hecho de que el Ministerio de Hacienda haya expedido un decreto con el cual actualiza la lista de países, jurisdicciones, dominios, Estados asociados o territorios que considera paraísos fiscales, es algo que les resulta ajeno. Al fin de cuentas, la proporción de la población que tiene capacidad de ahorro es minoritaria y es más reducido aún el grupo de quienes pueden colocar dinero en el exterior.

Sin embargo, aquellos que han decidido tener parte de su fortuna en el extranjero, indudablemente han tomado nota. Y también lo hizo el Gobierno de Panamá, que ayer reaccionó con cajas destempladas al que consideró un gesto inamistoso por parte de Bogotá, a pesar de que este no es un tema nuevo.

La diferencia es que en el pasado habían pesado más las consideraciones diplomáticas que las económicas, dados los vínculos históricos que nos unen con el istmo. Pero desde un tiempo para acá las segundas empezaron a imponerse, por cuenta de la necesidad de torcerle el cuello a la evasión tributaria en Colombia que, de acuerdo con diversos estimativos, se acercaría a los 50 billones de pesos anuales.

El requisito de apretar torniquetes forma parte de una tendencia mundial. Después de la crisis financiera del 2008 y ante la necesidad de aumentar sus recursos fiscales, las naciones más desarrolladas han venido ejerciendo presión para perseguir a los capitales que no han sido declarados en sus lugares de origen.

El liderazgo en ese campo lo tomó Estados Unidos, que en el 2010 expidió la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras –más conocida como Fatca– que obliga a las entidades financieras de todo el mundo a informar sobre los depósitos que tengan los nacionales del país del norte. Y en el seno de la Ocde, han surgido iniciativas que se han traducido en estrategias concretas y acciones coordinadas.

Por cuenta de esa situación, Panamá se ha visto obligado a suscribir acuerdos bilaterales de intercambio de información con más de una docena de naciones e incluso a comprometerse con cambios internos en su legislación. Por ejemplo, el próximo año debería acabarse la posibilidad de establecer sociedades con acciones al portador, que hacen difícil determinar quién o quiénes son los propietarios de firmas que se usan como vehículos de inversión.

Todos esos asuntos conciernen a Colombia que, tras la reforma tributaria de finales del 2012, decidió tomar cartas más activas en el asunto. Hace un año fue expedido un primer decreto en el cual la omisión más notoria fue la del istmo, con el cual se buscaba negociar un mecanismo similar al que los panameños establecieron con las autoridades estadounidenses o francesas.

No obstante, tanto la administración de Ricardo Martinelli, como la de su sucesor Juan Carlos Varela, no parecieron tomar la advertencia en serio. Debido a ello, el país vecino fue declarado como paraíso fiscal, lo cual implica que los giros que se hagan desde Colombia son sujetos a una retención del 33 por ciento, frente a una del 10 para los que no están en esa categoría.

La ironía es que la determinación parece haber servido para destrabar el tema. Tras una conversación a nivel presidencial, los respectivos ministros de Hacienda recibieron instrucciones para buscar una solución negociada, que no debería demorarse si se toman como base lo que ya han firmado tanto uno como otro Gobierno.

Más allá del desenlace, hay que reconocerle a la Casa de Nariño la demostración de que habla en serio a la hora de cerrarle boquetes a la evasión. La estrategia usada con los paraísos fiscales se complementa con la propuesta que existe en el proyecto de reforma tributaria radicado el viernes, que incluye un aparte para regularizar fortunas no declaradas. En últimas, se trata de dejar en claro que tener plata afuera no es delito. Pero sí lo es el no contarle al fisco.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto


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