Ricardo Ávila
Editorial

Bandazos en La Macarena

La Casa de Nariño se encargó de darle validez a las posturas más extremas, al suspender la licencia otorgada, atendiendo peticiones de Cormacarena.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
abril 15 de 2016
2016-04-15 09:03 a.m.
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Aquella conocida frase según la cual en Colombia no hay opinión, sino hinchas, volvió a quedar ratificada por cuenta de la polémica pública que surgió tras conocerse que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le concedió una autorización a la firma Hupecol, que le permite hacer exploración de petróleo en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta.
En cuestión de horas, las redes sociales estaban inundadas de comentarios rechazando el permiso y haciendo llamados a la movilización popular.

Para la mayoría de quienes se expresaron, el motivo de la reacción negativa era claro. Daba la impresión que, de un plumazo, el Gobierno había autorizado la búsqueda de crudo en el propio Caño Cristales, descrito como una de las maravillas naturales del país. Los montajes gráficos que mostraban torres de perforación en la cuenca del afluente no se hicieron esperar, y más de un observador desprevenido quedó convencido de que un tesoro sin par estaba a punto de ser expoliado por cuenta de intereses privados.

En un primer momento, el Ejecutivo trató de calmar la tormenta. En un comunicado, la Anla explicó que el área en cuestión está a más de 60 kilómetros en línea recta del atractivo turístico.

También señaló que el terreno en donde se realizaría la pesquisa es de unas 30.000 hectáreas y no compromete a los ríos Duda y Guayabero, los más importantes de la zona. Frente a las afirmaciones de que un parque natural se vería afectado, el mapa mostró que el de Tinigua se encuentra a 2,5 kilómetros de uno de los vértices del bloque.

Quizás más importante fue relevar el trámite adelantado, el cual lleva cuatro años e incluye reuniones con la comunidad para socializar la iniciativa. En lugar de contestar afirmativamente a la primera solicitud hecha por la empresa exploradora, la extensión fue recortada e incluye restricciones para el uso de agua. Las operaciones de transporte de equipos se harían por helicóptero, pues no hay permiso para vías y habría vigilancia mediante el uso de sistemas de georreferenciación.

Todo lo anterior hacía pensar que muchos argumentos usados para oponerse al proyecto no tenían asidero en la realidad. A la luz de la defensa de la Anla sonaban desproporcionadas las afirmaciones en el sentido de que el petróleo acabará con la flora y fauna del lugar, cuando ni siquiera se ha establecido si hay crudo en el subsuelo, así la geología muestre que eso es posible.

Pero la Casa de Nariño se encargó de darle validez a las posturas más extremas cuando optó por suspender la licencia otorgada, atendiendo peticiones de Cormacarena. Ante lo sucedido surgen varias preguntas: ¿Por qué sólo cuando se produce el escándalo se reversa la determinación? ¿Es este un caso en el cual la presión política pasa por encima del trabajo técnico? ¿Son las autoridades especializadas incapaces de hacer bien su trabajo? ¿Cuál es el mensaje hacia los inversionistas sobre la seguridad jurídica?.

Las respuestas deberían conocerse pronto, pero desde ya lo sucedido deja un muy mal sabor. El precedente que se viene de crear es inquietante y tendrá consecuencias sobre aquello que antes se conocía como la confianza inversionista.

No menos inquietante es registrar la radicalización de un sector de la ciudadanía en contra de cualquier iniciativa que tenga que ver con actividades mineras, energéticas o de búsqueda de hidrocarburos. Bajo esta postura, todo lo que se quiera hacer en los frentes mencionados debería ser proscrito, debido a sus efectos sobre el medioambiente.

Lo anterior incluye dilemas que en más de una ocasión resultan falsos, como escoger entre agua o petróleo. Se olvida que es mejor tener una regulación exigente para conseguir un desarrollo sostenible, que condenar a regiones enteras al atraso. No hay duda de que en el pasado se han cometido errores, pero lo correcto es aprender de las equivocaciones y corregirlas.

En el intermedio, es legítimo que la sociedad debata si quiere olvidarse del ramo extractivo. No obstante, esa discusión debería darse con base en datos verificables, que incluyan un detallado análisis de costos y beneficios. Porque ver tan solo una cara de la moneda y tomar decisiones apoyadas en información parcial, nos puede conducir a una sinsalida, en términos de crecimiento económico y apertura de oportunidades.

Ricardo Ávila Pinto
Director de Portafolio
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto
 
(*El texto de este editorial fue modificado tras conocerse un comunicado de la Presidencia en la noche de ayer.)

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