Bogotá sufrió ayer otro golpe más a su institucionalidad, tras la destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde Gustavo Petro, decidida por la Procuraduría. Termina así una investigación abierta por el Ministerio Público a mediados de enero, a raíz de la crisis de recolección de basuras que experimentó la capital en diciembre del 2012. Para el organismo de control, el burgomaestre incurrió en “tres faltas disciplinarias gravísimas” relacionadas con el nuevo esquema de prestación del servicio de aseo.
La sanción, revelada por el propio procurador Alejandro Ordóñez, desató reacciones que van más allá de la realidad distrital. Para los seguidores del mandatario, el fallo es motivado políticamente por la ideología de derecha de quien lo promulgó. Bajo esa interpretación, el Alcalde es un ‘revolucionario’, castigado por querer arrebatar el negocio de las basuras de manos de ‘carteles’ privados.
Además, la Procuraduría estaría actuando contra la paz por haber castigado, no a Petro, sino a un exguerrillero. ¿Qué mensaje recibe la delegación de las Farc en La Habana si a un desmovilizado lo pueden tumbar así?
Los opositores, por su parte, recibieron la destitución como una reivindicación a sus críticas contra el autoritarismo y el sesgo populista del modelo impuesto por la administración distrital. Ordóñez habría entrado, como cuando suspendió al exalcalde Samuel Moreno por denuncias del ‘carrusel’ de la contratación, a ‘salvar’ a la ciudad de un gobierno impopular.
Pero no es así. Por más atractivas que suenen, ambas lecturas de la difícil situación que atraviesa Bogotá son tan equivocadas como peligrosas.
El camino que transitó el Alcalde hacia la crisis de las basuras fue largo y público. Desatendiendo advertencias de todo tipo, el mandatario se empeñó en un pulso ideológico con las empresas privadas de aseo que terminó perdiendo a los pocos días. En vez de atender prioridades más vitales para sus gobernados y su propio plan de desarrollo, se radicalizó en su apuesta de un operador público. Y, con la precaria gerencia que caracteriza la administración Petro, fue incapaz de traducir el discurso en realidades de gobierno.
Lo anterior no le quita peso al debate sobre un exceso de poder de la Procuraduría y la capacidad de destituir funcionarios elegidos por el voto popular. La lista de gobernadores y alcaldes de grandes capitales que han corrido igual suerte no es corta y contempla políticos de todas las vertientes.
No obstante, lo cierto es que la Carta le da al Ministerio Público tan polémica facultad. Además, la reforma sobre esa potestad no debería estar vinculada al caso de Petro, sino responder a una discusión pública en el espacio adecuado, como es el Congreso. Más allá de que sea conveniente revisar una figura que tiene pocos paralelos en el resto del mundo, por ahora esta forma parte de las reglas del juego democrático, que hay que cumplir.
Pero más allá del debate, hay una verdad incuestionable. Y es que detrás de los rabiosos argumentos de lado y lado, solo hay una perdedora: la capital de la República. Por segunda vez en tres años y medio Alejandro Ordóñez descabeza al Alcalde bogotano y los ciudadanos entran a otro periodo de inestabilidad institucional.
En medio de un gobierno local impopular, con el pesimismo por las nubes y el ánimo colectivo en el suelo, Bogotá recibe un nuevo golpe. Una década del experimento político y social de la izquierda en el poder podría llegar a su fin por la mala administración de un esquema de residuos.
De la corrupción de alto nivel en la administración Moreno a la ideologización extrema de Petro, todo ha sido agobiante para una urbe que pide tres cosas: seguridad, movilidad, y más y mejores empleos. Ya es hora de que algún líder, de cualquier tendencia política, pueda cumplirles a los bogotanos con esos temas básicos y sea, ante todo, un buen gerente.
Ricardo Ávila Pinto
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