Ricardo Ávila

¿Hora de cerrar puertas?

Ayer tuvo lugar en la Comisión Primera del Senado uno de esos episodios que comprueban por qué Colombia es la tierra del realismo mágico, también en materia política.

Ricardo Ávila
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Ricardo Ávila
octubre 17 de 2012
2012-10-17 02:24 a.m.
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Tras una discusión breve, pero intensa, dicho cuerpo legislativo aprobó en primer debate un proyecto de reforma constitucional que limita con dureza la inversión extranjera en el sector agrícola.

Contra lo que pudiera pensarse, la iniciativa tuvo como promotor al senador conservador Hernán Andrade, quien encontró como principal contradictor al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, que pertenece a su mismo partido. Tras sucedida la votación, uno de los primeros en congratularse fue el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, quien ideológicamente se encuentra a gran distancia de la colectividad azul.

Más allá de lo que significa el extraño giro que a veces toman algunos de los integrantes de la coalición cercana al Gobierno y de las alianzas que a veces aparecen en el Capitolio, vale la pena detenerse en los argumentos planteados por lado y lado.

En el caso de quienes apoyan el cambio en la Constitución, el tema central es garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria del país, aplicándoles un límite de dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) a los propietarios o arrendatarios foráneos. En términos prácticos, eso quiere decir que alguien venido de afuera no podría tener más de siete hectáreas en ciertas zonas de Cundinamarca o menos de 4.000 en el Vichada, pues la extensión de la UAF varía dependiendo de la región del país.

Y eso no es todo. También se limita la posesión de “minas, tierras, bosques, aguas, combustibles” o fuentes de energía, “dentro de 50 kilómetros de las zonas de frontera”. Anotando que se respetarán los derechos adquiridos, igual se advierte que “la propiedad extranjera no podrá comprender más del 15 por ciento del total del territorio colombiano”.

Todo lo anterior tiene un motivo. En la medida en que la población del mundo aumentará hasta 9.000 millones de habitantes a mediados del presente siglo, han subido de tono las advertencias sobre la necesidad de usar apropiadamente la tierra y el agua disponibles. El aumento en el ingreso promedio ha llevado a algunos expertos a decir que la demanda de comida subirá en 80 por ciento en los próximos 40 años.

En respuesta, varios países han empezado a realizar movidas estratégicas. El más notorio de todos es China, que ha adquirido o asegurado el uso de vastas zonas de África, con el fin de garantizar la debida nutrición de sus nacionales.

Debido a esto, más de una nación con posibilidades agrícolas ha empezado a prestarle atención al asunto. En varios continentes hay ejemplos de límites a la propiedad de la tierra arable.

Sin embargo, una cosa es atender el tema para evitar abusos y otra es cerrarle completamente la puerta a capitales que son indispensables para que los cultivos en Colombia crezcan y se modernicen. Nadie puede olvidar que el país apenas siembra una quinta parte de su superficie arable y que la ecuación de pobreza y atraso que hoy afecta al campo podría cambiar si se siguen modelos exitosos como el que en su momento puso en práctica Brasil.

Por tal razón, hace bien el Ministerio de Agricultura al oponerse a una propuesta que traería más efectos indeseables que beneficios. La idea de adoptar una camisa de fuerza tan estrecha en esta materia se suma a la decisión de la Corte Constitucional contra los proyectos asociativos, que ha llevado a la congelación de planes por más de 800 millones de dólares.

En consecuencia, la discusión debe darse con inteligencia y no apelando a argumentos emocionales. Sin desconocer que algunas provisiones son necesarias, la adopción de posturas maximalistas puede sonarle muy bien a la galería, pero mantendría el mismo círculo vicioso de falta de inversión y rentabilidad que se ve en el campo colombiano, en aras de una mal entendida soberanía.

RICARDO ÁVILA PINTO

ricavi@portafolio.co

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