Pudo ser el exceso de noticias con mayor espectacularidad, o un simple caso de apatía por parte de la opinión, pero lo cierto es que la instalación de la Comisión de Estudio de Gasto Público e Inversión, que tuvo lugar el lunes pasado en la Casa de Nariño, pasó sin pena ni gloria. Pocos se enteraron que, en desarrollo de un mandato de la reforma tributaria de diciembre, una decena de expertos de primera línea tendrán en los próximos diez meses la labor de examinar a dónde se va la plata del Gobierno Central y hacer recomendaciones para que su uso sea más efectivo.
No es la primera vez que un esfuerzo similar tiene lugar en el país. Durante la administración de Ernesto Samper se conformó un cuerpo de especialistas cuyo diagnóstico y sugerencias llenaron seis volúmenes. Lamentablemente, el reporte fue entregado después de que estallara el proceso 8.000, con lo cual el escrito no recibió la atención que merecía, aparte de que el margen de maniobra político era mínimo a la hora de adoptar las sugerencias hechas.
Diez años después, el turno fue para Álvaro Uribe, quien le pidió a cinco expertos, encabezados por Rodrigo Botero, algo parecido. En ese grupo se encontraban dos integrantes del gabinete actual: Mauricio Cárdenas y Alejandro Gaviria, quienes hablaron, entre otras cosas, de la venta de activos del Estado con el fin de disminuir el tamaño de la deuda pública y el pago de intereses correspondiente.
Acá también los planteamientos hechos parecen haber caído en terreno estéril. Lejos de moderarse, el gasto del sector central llegó al máximo histórico en el 2009, como proporción del tamaño de la economía: 19,4 por ciento.
'Los peligros de un desbordamiento
en los giros siguen presentes, mientras la tolerancia a nuevos gravámenes
es inexistente'
Ojalá en esta ocasión no suceda algo parecido. Es cierto que el texto definitivo llegará cuando a Juan Manuel Santos le queden pocos meses para entregar el poder, en agosto del 2018. No obstante, el insumo debería ser muy valioso para la administración que llegue, si esta decide utilizarlo a la hora de tomar decisiones.
Que hay que ponerle la lupa al tema, es algo que no tiene discusión. En comparación con el nivel del 8 por ciento del Producto Interno Bruto registrado en 1990, los giros gubernamentales ascendieron el año pasado al 18,9 por ciento. Sectores como pensiones, educación y seguridad muestran una inercia difícil de detener y amenaza con hacer insostenible la situación de las finanzas públicas.
Mientras los economistas observan con inquietud que hay un déficit importante en las cuentas estatales, el grueso de los colombianos considera que buena parte de la plata que sale del Tesoro nacional se va en corrupción o ‘mermelada’, orientada a aceitar el movimiento de las maquinarias políticas. La percepción de que los recursos se utilizan mal, le quita legitimidad a cualquier esfuerzo orientado a aumentar los impuestos, como lo demostró el rechazo general al apretón aprobado por el Congreso en diciembre, comenzando por la subida de tres puntos en la tarifa del IVA.
Por tal razón, es fundamental que exista un análisis reposado de la situación, el cual sirva para hacer sonar alarmas y plantear soluciones. La urgencia de un buen diagnóstico es evidente, pues los peligros de un desbordamiento en el gasto siguen presentes, mientras la tolerancia a nuevos gravámenes es inexistente.
En las consideraciones hechas por el Ministro de Hacienda el lunes, este habló de posibles medidas de carácter estructural para modificar la dinámica actual, de recomendaciones sobre los programas sociales, de ideas con respecto a reducir o ampliar áreas específicas de la administración y de propuestas normativas relacionadas con contratación y presupuestación.
Los puntos enunciados muestran que la Comisión tiene una ardua labor por delante, para lo cual debe entender que su desafío es llegar con iniciativas específicas y factibles. Solo así, se evitará que el reporte sirva únicamente para acumular polvo en los anaqueles.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto