Ricardo Ávila

Inseguridad e inversión

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
octubre 01 de 2014
2014-10-01 02:43 a.m.
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La estabilidad política y económica, la seguridad física y jurídica y la disponibilidad de servicios adecuados influyen más sobre el ambiente favorable de la inversión que las tasas impositivas. Así lo ven de forma unánime los expertos y analistas, incluyendo la Ocde, en cuyo seno aspiramos a refugiarnos.

Existe equilibrio político en nuestro país si lo medimos como la permanencia de las instituciones democráticas –a pesar de las grandes dudas sobre las maneras de ejercerla–. Las cifras muestran igualmente solidez en la economía, pero en materia de servicios falta mucho para que podamos ser competitivos, y lo mismo se puede decir de la estabilidad jurídica; es tradicional que en Colombia cada presidente traiga una reforma tributaria debajo del brazo y que esta lleve consigo una amnistía, todo lo cual flota dentro de un ambiente de desconfianza en la justicia y en sus operadores.

En 1995 se incorporó un mecanismo de estabilidad tributaria en la misma ley que reformó, de modo significativo, los impuestos nacionales y algunos territoriales. El instrumento permitía a todos los contribuyentes acceder a sus beneficios mediante el pago adicional de dos puntos en la tarifa del impuesto sobre la renta, pero duró apenas cuatro años, más por razones administrativas que estructurales.

Una década más tarde, precisamente cuando se discutía la necesidad de una reforma tributaria estructural y el Gobierno preparaba el proyecto, se crearon los tristemente célebres contratos de estabilidad jurídica, con duración hasta de veinte años. No solo fueron claramente desfasados en el tiempo, sino que no amparaban a los pequeños contribuyentes y –lo que se convierte quizá en el peor de sus defectos– se otorgaban de manera discrecional, en clara oposición a las reglas de la transparencia y la imparcialidad.

Ahora, cuando se anuncian ajustes en el sistema tributario sobre impuestos que ya venían operando, seguramente reaparecerán los conflictos derivados de la vigencia de tales acuerdos y un eventual impacto sobre los recaudos, teniendo en cuenta que los suscriptores han sido los grandes contribuyentes.

Pero la inseguridad jurídica y tributaria no consiste exclusivamente en la expedición y modificación reiterada y frecuente de la legislación; tiene mucho que ver con el volumen, dispersión e imprecisión de las normas, frecuentemente mimetizadas dentro de leyes de todas las pelambres. Mucho se ha dicho y escrito al respecto, pero la situación es cada día peor, no solo porque se agregan voluminosas parrafadas al mal llamado Estatuto Tributario, sino que, como ocurrió con la reforma del 2012, la redacción resultó tan intrincada que todavía suscita dudas a pesar de las decenas de decretos y doctrinas emitidas para reglamentarla, aclararla y hasta corregirla. La improvisación es una de las formas más efectivas de crear inseguridad y confusión.

Según los expertos –y el simple sentido común–, una buena reforma tributaria no puede ignorar la existencia de la administración, porque todos los cambios en las obligaciones sustanciales y formales que se imponen a los contribuyentes afectan en mayor grado a la administración tributaria, cuyo capital principal es humano.

Son muchas –aunque no suficientes– las personas que tienen que reaccionar a los cambios y nuevos procedimientos de forma simultánea con sus tareas habituales.

Si bien es cierto que las nuevas disposiciones se expiden casi siempre al final del año y con frecuencia el 28 de diciembre, tanto para los contribuyentes como los funcionarios de la Dian no se trata de simples inocentadas. Muchas veces son modificaciones significativas, que deben ser asumidas dentro de términos angustiosos: no son solo los cambios en las normas, sino todo un conjunto de elementos los que coadyuvan a incrementar la inseguridad jurídica.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto

 


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