Ricardo Ávila

Una intervención justa

Tomar control de los bienes de Saludcoop no tiene discusión, pero el desafío gerencial es inmenso.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
mayo 13 de 2011
2011-05-13 06:30 a.m.
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Con excepción del sector financiero en otras épocas, existe poca tradición en Colombia en materia de intervención de entidades. Quizá por ello, la opinión puede no entender la trascendencia de la decisión adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud, que ordenó la toma de posesión inmediata “de los bienes, haberes y negocios” de Saludcoop, Entidad Promotora de Salud, según lo dicho en un comunicado.

La justificación es clara. De acuerdo con el Gobierno, el motivo es el giro de cerca de 8.000 cheques por valor de 271.000 millones de pesos, que no les han sido entregados a sus beneficiarios. Eso, en términos contables, equivale a un sobregiro que no había sido reconocido en los estados financieros de Saludcoop, los cuales reflejaban una realidad diferente y, presuntamente, fraudulenta. Bajo esa óptica, la determinación del Ejecutivo está plenamente justificada.

A lo anterior hay que agregar otros elementos que deben ser tenidos en cuenta. Desde hace meses los medios de comunicación han venido señalando los abusos cometidos por esta EPS, tanto en el manejo de sus operaciones internas como en prácticas orientadas a cobrar más de lo que les correspondía por sus servicios. 

Las investigaciones darán la última palabra, pero existen indicios sobre afiliados ficticios, actitudes monopólicas y costos por procedimientos y drogas que no corresponden a la realidad. A lo anterior hay que agregar los excesos de algunos de los administradores de la entidad intervenida, que sugieren desvío de recursos y manejos que rayan en lo penal. Sin embargo, comienza un nuevo desafío.

Este consiste en garantizarle un adecuado servicio a las casi cuatro millones de personas que se encuentran vinculadas a Saludcoop como usuarios. Además, hay que tener encuenta a quienes están afiliados a Cafesalud y Cruz Blanca, que son sociedades independientes, pero que forman parte del mismo conglomerado. Y es que la entidad caída en desgracia es un grupo empresarial inmenso.

Para comenzar, se trata del empleador más grande de Colombia con alrededor de 50.000 trabajadores en más de mil municipios. Hasta ahora la Superintendencia ha identificado a 32 compañías, pero es probable que el número crezca, por lo cual el desafío del interventor designado por el Gobierno es descomunal. 

En tal sentido, hay que entender que lo que existe en este caso no es un problema médico, sino administrativo. La envergadura del mismo exige una gran capacidad gerencial que requiere el concurso de personas con los más sofisticados conocimientos financieros y toda la probidad del caso.

De lo contrario, el riesgo es el de caer en las presiones políticas y crear un lío social enorme, si la tarea no se hace en la forma adecuada o si los activos que hay que vender para solucionar las dificultades de liquidez no se negocian bien. Por otra parte, lo sucedido debería servir para acelerar la reestructuración de un sector que tiene cosas buenas y no puede volver a la situación del pasado.

A pesar de las críticas y los desbarajustes, el esquema vigente de salud en Colombia tiene una cobertura que llega al 91 por ciento de la población, una proporción que es cuatro veces mayor que la de hace dos décadas. Con razón, la OMS determinó que el sistema nacional es el mejor de América Latina y el 21 en el mundo.

En consecuencia, hay que tener mucho cuidado a la hora de generalizar e iniciar una cacería de brujas. Sin lugar a dudas, hay que proseguir con las pesquisas y castigar a quienes hayan abusado de las normas.

Pero eso no quiere decir cerrarle las puertas al sector privado, que eleva los estándares de servicio e invierte en nuevas tecnologías. En cambio hay que aprovechar la oportunidad para mejorar las reglas de juego y acabar con la corrupción.

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