Si se trata de tener ideas puntuales con respecto a impulsar cambios, el presidente electo no se puede quejar. La semana pasada, el Consejo Gremial le entregó un documento de más de 30 páginas de extensión que se concentra en cinco temas centrales que parten de un diagnóstico descarnado de la realidad. Aunque en más de un caso la viabilidad política de cambiar las reglas del juego de manera tan radical es baja, eso no quiere decir que el planteamiento sea incorrecto.
El motivo es que una cosa es lo que la gente quiere oír y otra lo que aconseja la ortodoxia. Así sucede con el primer capítulo del trabajo en cuestión referido a la tributación. Que el esquema vigente dista de ser el adecuado y que las cargas se encuentran mal repartidas, es algo indiscutible.
Las propuestas comienzan con los impuestos directos. El planteamiento es bajar la tarifa de renta corporativa al 28 por ciento y ampliar el universo de personas naturales que declara, además de eliminar exenciones, el cuatro por mil o definir los beneficios para las firmas que han suscrito convenios de estabilidad jurídica. Aquí el punto de partida es que el recaudo se apoya de manera desproporcionada en las sociedades, lo cual salta a la vista en cualquier comparación.
También se mencionan los gravámenes territoriales, numerosos y obsoletos. Eliminar las estampillas, fortalecer el impuesto predial o implementar un formulario único para el pago de industria y comercio, ayudaría a hacer todo más simple. No menos importante es fortalecer la administración tributaria, pues profesionalizar y ampliar la Dian es la herramienta por excelencia para controlar la evasión.
Un segundo asunto es el mercado laboral y el sistema pensional. Los elevados niveles de informalidad están asociados, en parte, a barreras de entrada que estimulan a muchos negocios a operar por debajo del radar de las autoridades. De ahí que se hable de eliminar las contribuciones parafiscales, establecer esquemas flexibles de contratación o ampliar la brecha entre salario mínimo y medio.
Con respecto a las pensiones, se plantea una reforma que respete los derechos adquiridos, pero que permita reajustar el esquema cada cinco años, en función de los parámetros demográficos. Ajustar el valor de pensión a una proporción del ingreso de quien se va a jubilar que sea sostenible financieramente, se añadiría a fortalecer los mecanismos de inspección y vigilancia o mirar la mesada que puede recibir un sobreviviente.
En cuanto a bienes y servicios públicos, la educación encabeza las iniciativas. Capacitación a los docentes, bilingüismo y calidad de la enseñanza, son elementos clave. No podía faltar, claro, la salud, cuya solución pasa por mayores recursos para hacerla sostenible, el apoyo a la Superintendencia del ramo o el énfasis en prevención.
La infraestructura de transporte forma parte de este acápite. Aparte de seguir el plan maestro ya definido, se menciona la necesidad de la ley estatutaria de consultas previas o el impulso a las asociaciones público privadas.
La propiedad y el uso de la tierra corresponden al cuarto bloque. Fijar reglas claras en áreas como extinción de dominio, baldíos o planes de ordenamiento, se suman al respaldo a la ley de tierras que salió de la negociación con las Farc.
La lista se cierra con la facilitación del comercio, orientada a disminuir las barreras que limitan el intercambio. Desde aspectos administrativos como la labor de la Dian, hasta suscribir acuerdos y respaldar el multilateralismo, forman parte de un compendio a la vez amplio y ambicioso.
Ahora falta ver qué elementos recoge la administración Duque. Nada es sencillo y en cada caso se tocan intereses creados. Pero lo importante es el bien común, tener la capacidad de explicarle a la opinión y contar con apoyo en el Congreso para hacer reformas.
Ricardo Ávila Pinto
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