Ricardo Ávila

Limpieza interior

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
Editorial
POR:
Ricardo Ávila
enero 29 de 2015
2015-01-29 04:40 a.m.
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Desde su creación, las 57 Cámaras de Comercio que existen en Colombia han tenido el reto de velar por el desarrollo de las regiones en las que cada una opera. En algunos casos, se trata de instituciones centenarias que proveen servicios esenciales, le sirven de brújula al sector privado y trabajan por fortalecer a los empresarios, especialmente a los más pequeños, mediante labores que incluyen la capacitación y la promoción de actividades formales.

Sin embargo, de un tiempo para acá han surgido escándalos de diversa índole que han afectado su prestigio. En el peor de los casos, asoma la posible toma de poder de algunas entidades en manos de unos pocos, a los que no les faltan nexos con los barones políticos de turno. En otros se trata de los últimos pataleos de ahogado de quienes tratan de defender sus privilegios y se encuentran con un marco normativo que debería servir para ahuyentar las prácticas más abominables.

En concreto, el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, con el decidido apoyo de Confecámaras, impulsaron una Ley que sirve para ‘blindar’ a estos organismos frente a los intentos de algunos sectores que buscan obtener su control por medios irregulares. La disposición fue sancionada por el Presidente de la República a mediados del año pasado y sus efectos ya se sienten.

En concreto, lo que se busca es adoptar esquemas preventivos, a través de mecanismos de buen gobierno y de autorregulación. Además, la iniciativa le entrega mayores facultades a la Superintendencia para, por ejemplo, evitar acciones de coadministración por parte de la Junta Directiva o intentos de fraudes electorales.

La gran prueba de fuego de la nueva Ley tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, por cuenta de la celebración de elecciones de juntas directivas en las diferentes cámaras. Tal como ha sido normal, en múltiples casos se presentaron planchas en representación de sectores diversos. Pero también asomaron su cabeza las prácticas del pasado.

Para citar casos concretos, en las Cámaras de Comercio de Ibagué y Villavicencio se detectaron situaciones irregulares que llevaron a la Superintendencia a tomar cartas en el asunto. En ambas es objeto de investigación el presunto intento de integrantes de las respectivas juntas de injerir en el proceso de escogencia de quienes debían remplazarlos.

En gracia de discusión, hay que señalar que en la inmensa mayoría de los comicios el parte fue de absoluta normalidad. Puesto de otra manera, los abusos no empañan un proceso que fue exitoso. De acuerdo con datos de la Superintendencia, se presentó una participación de 16.640 empresarios y la renovación del  51 por ciento de las juntas directivas.

Por otra parte, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de no caer en la tentación de jugar a la política, cuando designa los delegados a los que tiene derecho. En Bogotá, las tensiones son de vieja data, pero ahora incluyen al presidente de Fenalco, Guillermo Botero, cuyas diferencias con la Casa de Nariño son conocidas y quien fue elegido en franca lid. Por su parte, en Cali los rumores están a la orden del día y aunque todavía no ha sucedido nada, parece que tienen que ver con el ánimo de algunos funcionarios en la capital de conseguir a alguien más cercano a sus intereses.

Sea como sea, es evidente que las acciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio para depurar el sistema merecen todo el respaldo. En la medida que se castigue a quienes quisieron convertir algunas cámaras en una especie de club privado, los problemas de reputación que han afectado a un esquema que es a la vez efectivo y sui generis deberían superarse. Pero mientras se adelanta este esfuerzo, el Gobierno Central como un todo debe dar ejemplo. Y eso no es lo que pasa, cuando los objetivos particulares vuelven a hacer su antipática aparición.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto

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